Editorial | Edeeste y la factura invisible de la mala gestión
La auditoría de la Cámara de Cuentas a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) —correspondiente al período 2012-2020— llega como un golpe de realidad: cuando fallan los controles, la electricidad no es lo único que se "pierde"; también se pierde confianza pública, capacidad de gestión y, en el peor de los casos, dinero del contribuyente. El hallazgo más alarmante no es un tecnicismo contable: es la debilidad estructural en la custodia de documentos de respaldo, una falla que impide verificar con claridad la legalidad y razonabilidad de pagos a proveedores.
La Cámara de Cuentas no se limitó a describir deficiencias: según la información difundida, dispuso la remisión del informe a la Procuraduría Especializada competente para los fines judiciales, advirtiendo que las irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas y penales contra exfuncionarios presuntamente responsables, además de otorgar un plazo para correctivos. Esto es importante por dos razones: primero, porque reafirma que auditar no es "opinar", sino activar consecuencias; y segundo, porque deja claro que la impunidad administrativa no puede seguir escondiéndose detrás del desorden documental.
Pero conviene mirar el problema completo. Una auditoría que no encuentra soportes no solo revela descuido: revela un sistema de compras y pagos vulnerable a discrecionalidad, sobrevaluaciones, urgencias injustificadas y contratos débiles. En el caso de Edeeste, reportes periodísticos basados en el documento auditado señalan revisión de compras a 13 proveedores, con 155 órdenes de compra por alrededor de RD$3,238 millones y un contrato por US$6.6 millones para materiales eléctricos, en un universo donde se detectaron irregularidades financieras y administrativas. La magnitud obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que se pagó fue realmente verificable, competitivo y conveniente para el Estado?
El "detalle" de la documentación ausente es, en realidad, el corazón del caso. Se ha reportado que Edeeste no entregó soportes relacionados con compras, contrataciones y costos aduanales por montos relevantes —incluyendo cifras como RD$409.7 millones y RD$222.7 millones—, lo que limitó el alcance de la revisión y muestra un control interno débil. Cuando el expediente no aparece, no solo se pierde papel: se pierde la posibilidad de trazar quién decidió, por qué se adjudicó, con qué precio de referencia, con qué evaluación técnica, y bajo qué condiciones de cumplimiento. Sin esa trazabilidad, el Estado compra a ciegas.
Y si el Estado compra a ciegas, el mercado también se distorsiona. Porque la opacidad no perjudica únicamente al fisco: perjudica a los proveedores serios, a los competidores que cumplen reglas, y a la ciudadanía que termina pagando doble —una vez en la factura eléctrica y otra vez en el déficit de gestión. Acento reseña que se habrían realizado adquisiciones sin la debida formalización contractual y con inconsistencias en órdenes de compra, además de compras "de urgencia" y procedimientos excepcionales sin los informes justificativos correspondientes. Esa combinación —urgencia sin evidencia, excepción sin publicación, contrato sin claridad— es la receta perfecta para que cualquier sistema de compras pierda legitimidad.
No menos preocupante es la dimensión de cumplimiento normativo. Según lo divulgado, parte de las adquisiciones habría incumplido requisitos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas; también se señalan faltas como ausencia de planes anuales de compras y omisiones de publicación o registros en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), además de expedientes de pago incompletos. Si esto se confirma en sede administrativa y judicial, estaríamos ante un patrón: no simples errores aislados, sino un modo de operar que normaliza el atajo y reduce la contratación pública a una rutina sin controles.
Ahora bien, sería un error convertir este episodio en una "historia del pasado" solo porque el período auditado termina en 2020. La Cámara de Cuentas publicó el informe como parte de sus "últimas auditorías", con fecha de publicación 2 de febrero de 2026, y el tema vuelve al presente con una implicación directa: el país necesita fortalecer el Sistema Nacional de Control Externo y, al mismo tiempo, obligar a que las empresas públicas asuman una cultura de control interno que no dependa del humor de cada administración. La institucionalidad no puede ser estacional.
Lo que debe ocurrir ahora (y no solo "investigarse")
Una auditoría seria no termina en un titular, sino en decisiones concretas. Si el informe ya fue remitido para acciones judiciales y se otorgaron plazos de corrección, lo mínimo exigible es una hoja de ruta pública y verificable:
- Recuperación de trazabilidad: digitalización, archivo único y cadena de custodia obligatoria para expedientes de compra y pago, con auditoría interna permanente.
- Compras con estándar "Open Contracting": publicar en formatos abiertos la planificación, adjudicación, contratos y ejecución —para que la ciudadanía pueda auditar con datos, no con rumores. (La crítica central del informe gira precisamente en la debilidad de controles y soportes).
- Reglas estrictas para "urgencias" y "excepciones": toda urgencia debe estar documentada con informe técnico, motivación legal y publicación completa; lo excepcional no puede ser lo habitual.
- Responsabilidad y consecuencias: el país está cansado de auditorías que se archivan. Si hay presunto daño al patrimonio, corresponde individualizar responsabilidades y accionar en consecuencia, como ya fue indicado al remitir el informe a instancias especializadas.
Una conclusión necesaria: el problema no es "papel", es gobernanza
Este caso demuestra algo que suele olvidarse: la contratación pública no es un trámite administrativo; es un mecanismo de política pública. Cada compra mal documentada es una puerta abierta al desperdicio; cada pago sin soporte es una grieta en la rendición de cuentas; cada excepción injustificada erosiona la competencia. Y cuando esto ocurre en una distribuidora eléctrica, el daño no se queda en un expediente: se traslada a la calidad del servicio, a la sostenibilidad financiera del sector y al clima de confianza institucional.
La auditoría a Edeeste, tal como ha sido divulgada, obliga a asumir un principio elemental: sin documentos no hay transparencia; sin transparencia no hay legitimidad; y sin legitimidad, cualquier reforma se vuelve discurso. Hoy toca demostrar que los hallazgos no serán un capítulo más de indignación pasajera, sino el inicio de un estándar nuevo: compras públicas con reglas claras, evidencia verificable y consecuencias reales.
Fuentes
- El Nacional: Auditoría expone fallos en gestión de Edeeste
- Cámara de Cuentas (CCRD): Publicación del informe final Edeeste 2012–2020
- Acento: Anomalías en compras por RD$3,238 millones y US$6.6 millones
- Noticias SIN: CCRD aprueba informes de auditoría y marco Ley 18-24
Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), correspondiente al período 2012-2020, reveló graves deficiencias en la custodia de documentos de respaldo, lo que limitó la… pic.twitter.com/pwXU2qr5Bl
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) February 17, 2026
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Ing. Luis Orlando Díaz Vólquez
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