El caso del Banco Anglo no conoce parangón
Ciertamente, la banca estatal ha sido objeto de otros casos de corrupción que han provocado verdaderos escándalos, sin embargo, se trata de episodios que guardan profundas diferencias con lo sucedido en el Banco Anglo Costarricense. El Sistema Bancario Nacional careció de controles suficientes, durante mucho tiempo, lo cual en buena parte se corrigió con las reformas financieras aprobadas por la Asamblea Legislativa, recientemente. Sin embargo, lo ocurrido no se puede atribuir simplemente, a insuficiencia o falta de legislación, por más que esto pudiera considerarse una de las circunstancias que facilitaran el descalabro enorme que se dio en aquella institución.
Lo sucedido en este caso, por su magnitud, parece no tener precedentes, pero además, reviste el carácter de una verdadera confabulación. En apoyo de esta afirmación, resulta necesario, tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, debemos emprender un análisis claro de la identidad de los más notorios protagonistas, y la posición que ocupaban mientras se desarrollaron los hechos y sobre todo, de las interrelaciones que se daban entre ellos. En segundo término, es necesario tener presente, en todo momento, el carácter integral del caso, pues aún cuando se estudie por partes, cada una pertenece a un todo, sin el cual pierden su verdadero significado. Tal es la condición bajo la cual debe estudiarse la participación de cada uno de los sujetos que más adelante mencionaremos.
El caso del Banco Anglo sólo se explica como una confabulación
Entre las condiciones que favorecieron la confabulación que se dio en torno al Banco Anglo Costarricense debemos destacar las siguientes:
1. La Junta Directiva estaba dominada por representantes del mismo partido en el poder (tan sólo dos directivos no habían sido nombrados por la administración Calderón).
2. El gerente general (del mismo partido oficialista) tenía un primo hermano (Juan Antonio Robles Aguilar) en la directiva del Banco Central de Costa Rica, ente rector del Sistema Bancario Nacional.
3. El gerente general del Banco Anglo Costarricense, su primo, directivo del Banco Central de Costa Rica, y el Ministro de la Presidencia de la Administración Calderón, eran y siguen siendo socios del Bufete Robles-Laclé.
4. Los López eran clientes del Bufete Robles Laclé y son las personas que le venden propiedades al Banco Anglo Costarricense y "negocian" las inversiones en deuda externa con dineros del Banco Anglo Costarricense y supuestamente suyas.
5. El hijo del Ministro de la Presidencia y socio del bufete citado (y por lo tanto, socio del gerente general del Banco Anglo Costarricense y del directivo del Banco Central de Costa Rica), funge como notario de los López Gómez e integra las directivas de algunas de sus sociedades.
6. El Auditor General de Entidades Financieras, políticamente, es conocido como seguidor del PUSC (fue nombrado por primera vez en la Administración Carazo y por segunda vez, en la de Calderón).
7. Un porcentaje de los créditos y sobregiros otorgados en forma irregular, con la aprobación del gerente general del Banco Anglo Costarricense, fueron concedidos a clientes del bufete Robles Laclé, del cual él era socio.
Los siete puntos anteriores, vistos en conjunto, y a la luz de lo sucedido con las inversiones en bonos de la deuda externa y la irregularidad de la cartera de crédito, configuran un cauce por donde fluye un verdadero tráfico de influencias. Esta es una de las claves que explica en gran medida los hechos. Ciertamente, de la relación no se deduce la producción de irregularidades, pero dada la existencia de ellas, las relaciones adquieren un carácter fundamental para explicar lo ocurrido. Alguien, empeñado en negar las evidencias, podría decir que este fenómeno, al contrario de otros hechos, no responde a los criterios formales de apreciación de la prueba. ¿El ser pariente, obliga a desechar que el favorecimiento tenga causas distintas que las del parentesco mismo? Parece muy difícil que así fuera. ¿La irregularidad, la actitud complaciente no se debió a causas distintas de una relación política, de parentesco o de trabajo? No se requieren pruebas materiales para comprobar que no fue así, al contrario. Las relaciones de que se nutre esta confabulación son desde muy antiguo señaladas por la ley y la moral como impedimentos para tomar decisiones que favorezcan a quienes se vean ligados por ellas.
Para estudiar este asunto con criterio objetivo, se hace necesario situarlo en el contexto político. Jurídicamente, la cadena de actos que configuran el tráfico de influencias puede en ciertos casos no constituir delito alguno y pasar por una serie de actos inocentes y hasta ingenuos, pero dentro del contexto que se describe, adquieren una trascendencia específica.
Es en este contexto de relaciones que resulta necesario situar la carta de recomendación que emitió, ampliamente y sin reservas, Rolando Laclé, en beneficio de los López, desde su posición de Ministro de la Presidencia. ¿Fue ilegal darla en términos irrestrictos y abierta a cualquier uso, particularmente, según se afirmó en el seno de la Comisión, para facilitar la participación de los interesados en actividades bancarias? Evidentemente no se trata de un asunto puramente legal. Estos hechos, obligan por la sola aplicación del sentido común, a reconocer un abuso del cargo, un abuso de la posición política, una omisión contra el deber de vigilar que facilita "negocios" que bien pueden pasar inadvertidos, o provocar traumas institucionales, como el que condujo a la quiebra del Banco Anglo Costarricense.
Se dirá que esto no es nuevo en la política costarricense, y ciertamente no lo es. Para empezar, debemos reconocer que estos hechos son en parte, el resultado de la tolerancia y la impunidad del pasado. Pero si bien el abuso y la corrupción no son nuevos, nunca se había visto una red de tráfico de influencias tan claramente constituida y nunca los niveles de defraudación habían alcanzado la magnitud que se dio en este caso.
El eje de la confusión entre lo público y lo privado:< El bufete Robles-Laclé.
En este caso, como en tantos otros, del pasado, obviamente mucho menos graves, coincide la corrupción pública y, esto es esencial, con la corrupción privada, materializada en la actuación de Ariana Trading and Finance y los López Gómez. Pero, es precisamente, en un bufete donde se juntan si no todos los hilos, al menos una parte fundamental de ellos. El bufete Robles-Laclé jugó el papel de eje sobre el cual giró la confusión entre lo público y lo privado. Si bien hay al menos otro eje secundario, ligado a la obtención de créditos y sobregiros y a la influencia política, en este caso, la acción de miembros del bufete Robles-Laclé se proyecta, ni más ni menos, que hacia los grandes negociados con deuda, y otras irregularidades.
Es riesgoso para los miembros de esta Comisión, extraer conclusiones como las que hemos señalado aquí. Es posible que consignar nuestros criterios honestamente, nos haga acreedores a la antipatía de muchos y que se nos acuse de provocar tormentas políticas que impiden acuerdos, pactos en relación con asuntos de interés nacional. Pero el caso del Banco Anglo Costarricense es necesario actuar legal y políticamente sin concesiones, pues además de la Corrupción, hay que enfrentar el prejuicio popular sobre la impunidad en materia de abusos políticos. Y si en este dictamen no vamos más allá, si no llegamos a identificar a los innombrables de manera directa, es porque no dejaron suficientes huellas. De no haber sido así, aún cuando los riesgos serían mucho mayores, lo hubiéramos hecho de manera clara. Los protagonistas difícilmente podrán disipar la sombra de sospecha que tienen sobre sus espaldas y encontrarán dificultades para convencer, a la Asamblea Legislativa y al país de su compromiso con la honestidad, no sólo en la función pública sino en la sociedad costarricense, hoy seriamente lesionada.