Con las reformas políticas de 1994 parecía que la institucionalidad democrática de la República Dominicana se encaminaba a su desarrollo y fortalecimiento definitivos. Los temas acordados auguraban un despegue del país en el sistema político y en el poder judicial. Las reformas esenciales se concentraron en materia electoral: prohibición de la reelección presidencial, doble vuelta con mínimo porcentual, sufragio cada dos años y la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales.
Pero esta fue apenas una primera etapa, donde se conformó un órgano electoral con mayor legitimidad, algunas transformaciones estructurales y una nueva ley electoral. Se preveía continuar con una profundización de las mismas en un marco menos tenso y precipitado, sin la presión nacional e internacional generada tras la crisis del '94. Todo el país se sintió imbuido por un espíritu de transparencia y modernidad, al fin habíamos iniciado la ruta hacia una verdadera democracia electoral.
Sin embargo, casi veinte años después, aún esperamos una segunda ola de reformas electorales profundas, que ataque las deficiencias desde su raíz, sin temor a afectar determinados intereses políticos. Avanzamos en los certámenes de 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004, en los procesos subsiguientes empezamos penosamente a retroceder. El modelo experimental se agotó, ha sido permeado por la debilidad de todo nuestro sistema institucional. Un órgano enfermo, si no se cura a tiempo, puede afectar el funcionamiento de todo el cuerpo. La corrupción, la impunidad, el desorden administrativo, la politización de las instituciones judiciales y sus auxiliares, la parcialidad de los órganos de fiscalización y control, han contribuido con esto. Y ahora como si fuera poco las instancias electorales, administrativa y contenciosa, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, con una inocultable inclinación a favorecer en sus decisiones al partido de gobierno y a sus sectores aliados.
Hoy más que nunca, se hace impostergable que con un criterio racional, desprovisto de inmediatismo y de politiquería, con la participación de todos los sectores nacionales y con una visión de Estado, dotemos al país de una amplia y actualizada codificación en materia electoral, que incluya una nueva ley orgánica del sistema electoral, la ley de partidos y agrupaciones políticas y la de garantías electorales, por el presente y el futuro nada más y nada menos, que de nuestra democracia. http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2013/8/14/288255/Democracia-electoral-en-RD
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