¡Fuera tropas gringas de Honduras!
¡Palmerola es nuestra! ¡No más presencia militar en América Latina!
¡Tod@s este martes 6 a las 9 am en Casa "Presidencial"!
¡Venceremos!
¡Necedad!
OPLN
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1.
Apuntan a las fuerzas de seguridad como responsables de la tragedia de Comayagua
El pasado 14 de febrero murieron 360 internos a causa de un incendio en uno de los módulos del penal de Comayagua, en Honduras. Grupos de defensa de los derechos humanos señalan la actuación negligente de las fuerzas de seguridad.
"Los dos grupos de personas más importantes de una prisión son los reclusos y el personal que los custodia. Y la clave para una prisión bien administrada es la naturaleza de las relaciones entre ambos grupos". Esta reflexión pertenece al manual La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos, escrito por Andrew Coyle, director del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex, que también dirigió una serie de cárceles de alta seguridad. Teniendo en cuenta su cita, la actuación de los guardias del penal de Comayagua –a 80 kilómetros de Tegucigalpa (Honduras)–, refleja que no otorgaban la dignidad inherente del ser humano a los presos. Los funcionarios de esta cárcel no sólo no abrieron las celdas, sino que dispararon contra los internos, según el testimonio de los reos que sobrevivieron.
El 14 de febrero, más de 360 internos murieron a consecuencia de un incendio en "el hogar" o módulo 6 de ese penal. El motivo del incendio queda difuminado por el tratamiento amarillista de la prensa hondureña, pero entre las diferentes versiones se cuela una en la que aparece el dinero como móvil del crimen.
Un interno que logró huir asegura que 85 presos habrían pagado a los responsables de la prisión para llevar a cabo una fuga a las diez de aquella noche. Pero "la policía nos traicionó", asegura esa fuente. Mientras se ejecutase la fuga planeada, asesinarían en la celda 6 al doctor Jorge Constantino Ypsilanti Maradiaga, preso por el asesinato del español Ángel García Rubio en 2009. Según la hipótesis del columnista Serapio Morazán, publicada en rebelion.org –donde también aparece la versión del superviviente–, se utilizaron granadas incendiarias de uso militar "para garantizar que el incendio borrara las huellas de los perpetradores y las identidades de los cadáveres". Y sentencia: "Ningún colchón puede hacer arder un penal entero de forma tan rápida y pavorosa".
A falta del resultado de las investigaciones, y aunque las anteriores teorías nacen de la especulación, la corrupción es una constante en las cárceles hondureñas. El Manual de buena práctica penitenciaria considera que un buen salario impediría que el personal se prestase a sobornos. En cuanto a la formación de la policía penitenciaria, dicho informe revela que el 73% tiene un nivel básico de estudios, es decir, no supera sexto de primaria. Por parte de las instituciones no se ofrece una preparación integral a los empleados administrativos o de seguridad en los centros penales: únicamente se basa en el entrenamiento físico, la defensa y el manejo de armas.
El análisis Diagnóstico del sistema penitenciario 2011, realizado por el Comité Nacional de Prevención hondureño refleja las deficiencias del sistema penitenciario de ese país. Aunque no se garantiza la protección de la agresión física, se antepone la seguridad y disciplina a la rehabilitación, debido a la escasez de programas educativos y laborales. Por otro lado, la vida en prisión evidencia la desigualdad del sistema social común: "Los que tienen mayor capacidad económica obtienen mejores privilegios en su estancia" como, por ejemplo, eludir el hacinamiento. Citando al profesor Coyle, "una de las más grandes pruebas del respeto por la humanidad reside en el modo en que la sociedad trata a quienes han infringido, o han sido acusados de infringir, la legislación penal".
Máximo responsableLa violación de derechos humanos en las cárceles hondureñas es "consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciario", según indica Marcia Aguiluz. Esta abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ve al Estado de Honduras como el "máximo responsable", pues "esta tragedia se podía haber evitado. La sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenaba tomar medidas para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad".
En este sentido, Honduras ha incumplido la obligación de la CIDH. Después de los antecedentes ocurridos en 2003 y 2004 en La Ceiba y en San Pedro Sula, respectivamente, será ocho años más tarde cuando la CIDH vea el caso de los 107 muertos de Sula. El relator de la CIDH sobre las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar, en declaraciones a la Cadena Ser, mantiene que, "cuando los Estados incumplen sus obligaciones [de investigar este tipo de tragedias], los órganos de justicia de la Comisión y de la CIDH asumen su competencia". Tal negligencia deja al descubierto la falta de voluntad del Gobierno de Porfirio Lobo de mejorar las condiciones de los presos.
A cambio, el Ejecutivo ha militarizado el país para disuadir la organización de la resistencia. El artículo Un presidio llamado Honduras, firmado por la Organización Fraternal Negra Hondureña, denuncia que la legitimación del golpe de 2009 "le ha servido al imperio para crear un escenario de guerra (...) con el propósito de inculcarle al pueblo la supuesta necesidad de gobiernos de mano dura para erradicar la violencia". Igualmente, Karen Spring, miembro de Rights Action, resalta la preocupación de grupos de defensa de los derechos humanos ante el posible sabotaje al frente amplio Libertad y Refundación (LIBRE) por parte de la oligarquía hondureña y la embajada de EE UU en las elecciones de noviembre de 2013.
LA GRANJA-PENAL DE COMAYAGUA
La prisión de Comayagua, en el centro de Honduras, tenía una capacidad máxima de 250 presos pero encerraba a 842, de los cuales sólo 325 internos tenían sentencia firme. Según el mencionado análisis-diagnóstico, el régimen alimenticio se basa en arroz, frijoles y tortillas con un "presupuesto de 13 lempiras diarios" (0,50 euros) por reo. Éstos dormían en condiciones de hacinamiento y con poca ventilación. A pesar del claro abandono, la prisión pretendía autosostenerse con la comercialización de sus labores productivas. De hecho, esta cárcel también era conocida como granja penal por la cría de cerdos y gallinas, y un huerto donde cultivaban pipianes, tomates, guayabas y maíz. No sólo era un ejemplo por ser la más productiva de las 24 cárceles de Honduras, sino que además impartía talleres y destacaba por sus actividades culturales, "entre ellas literatura, poesía y canto".
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Causas-de-la-tragedia-de-Comayagua.html
2.
Tegucigalpa. 5 Marzo 2012. Este fin de semana, el FRP-LIBRE inició en algunos municipios de Olancho y Francisco Morazán su proceso de elección democrática de candidatos a cargos de elección popular.
Según lo informado, este domingo se presentaron los postulantes, de entre los cuales se definirán mediante el proceso conocido como internitas, a los candidatos que representarán al FRP-LIBRE en las elecciones primarias de noviembre de 2012.
"Las internitas se realizarán en asambleas abiertas que garanticen la participación democrática e incluyen del pueblo hondureño en resistencia", expresó uno de los coordinadores del evento.
Un arbitraje a favor de las Transnacionales
El Tribunal Internacional de Arbitraje (TIA) fue creado con el fin de beneficiar a los grandes intereses monopólicos y a las compañías transnacionales cuando se entabla una querella contra cualquier país en vías de desarrollo. Al llegar a esa instancia, la lucha, como dice un viejo refrán, se convierte de león a mono amarrado.
Y eso es lo que esta pasando con la demanda presentada hace 19 años por 88 ecuatorianos (en representación de más de 30 000 habitantes afectados de la provincia de Sucumbios), contra la compañía petrolera Texaco (adquirida por la Chevron en 2001) por gravísimos daños ocasionados al medio ambiente y a sus poblaciones.
Resulta que después de todos estos años de reclamaciones y querellas, la Chevron llevó el caso al TIA con sede en Estados Unidos, el que decretó la pasada semana que Ecuador deberá ordenar la revocación de una multa de 18 000 millones de dólares impuesta por la justicia de ese país contra la transnacional petrolera por la contaminación generada durante 13 años de explotación en la zona Amazónica conocida como Lago Agrio.
La Chevron se basó en que los tratados bilaterales firmados entre el país latinoamericano y la empresa, hay una cláusula que contempla la potestad de dicho tribunal internacional que, en casos similares, ya ha fallado a favor de las transnacionales. Un panel de apelación en Quito rechazó inmediatamente la orden del tribunal por considerar que no tiene base en la ley ecuatoriana.
Por la historia de abusos contra las naciones en desarrollo a favor de las transnacionales, no hay quien pueda confiar en ese Tribunal.
Solo en tres años (de 2007 a 2009) el expediente es alarmante: Bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) tres compañías agroindustriales de Estados Unidos impusieron querellas contra México para impedir compensaciones por la inundación en esa nación de productos de maíz subsidiados y por el desplazamiento de campesinos que se quedaron sin subsistencia.
De esa forma lograron que los contribuyentes mexicanos pagaran más de 160 millones de dólares a tres compañías:
33,5 millones a ADM/Tate & Lyle; 70,3 millones a Cargill y 58,3 millones a Corn Producers Int.
En ese mismo período el TIA falló contra otros tres países Latinoamericanos: 26,5 millones de República Dominicana a TCW Group; 200 millones (pendientes) de El Salvador a la Pac Rim Cayman, y 800 millones (pendientes) de Perú a Rengo Group. Inc.
De ahí, una de las razones y la importancia que Estados Unidos otorga a la firma de Tratados de Libres Comercio con Latinoamérica, pues uno de los capítulos permite a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
Mediante esos acuerdos, como los firmados con México, Centroamérica, Perú y Colombia (este último aún no ha entrado en vigencia), ninguna persona, empresa o autoridad nacionales tienen potestad para demandar a las compañías transnacionales ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas.
Entre las cláusulas de los TLC se reafirma la imposibilidad de acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
El desastre ambiental en el oriente amazónico ecuatoriano se inició cuando la Texaco, empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf. Tres años después encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1.
A las extracciones se sumó, años más tarde, el Estado ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990, Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió siendo parte de la asociación.
Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión que en Lago Agrio ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.
Una investigación efectuada en 2008 estableció los daños por 27 000 millones de dólares pues Texaco derramó más de 64 340 000 de litros de petróleo crudo además de 68 130 000 litros de aguas de formación, las que brotan de la tierra con petróleo, contaminadas con hidrocarburos tóxicos.
La activista norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer las zonas afectadas redactó un informe en diciembre de 2009 que expresa: "Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos, donde los nativos toman agua, pescan y se bañan".
El documento añade que la Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se colocó ningún concreto para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.
"Yo había escuchado durante años sobre el Chernobyl de Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo", sentenció Kennedy.
Las funestas consecuencias de la contaminación recayeron en la población, que ha presentado en los juicios, casos de malformaciones congénitas, cáncer y enfermedades a la piel.
El juicio contra la petrolera se inició el 2 de noviembre de 1993 y ha sufrido todo tipo de reclamaciones y presiones por parte de Chevron para tratar de revertir las acusaciones y que sea Ecuador quien pague por los daños ecológicos ocasionados.
Después de nueve años en Estados Unidos, en 2002 el tribunal de la corte Federal del distrito de Nueva York dictaminó que al haberse cometido en Ecuador los hechos que se reclamaban y al ser la justicia ecuatoriana capaz de conocer el caso y juzgar en derecho, el proceso debía proseguir en ese país andino con lo cual la transnacional puso algunos reparos pero después accedió.
La aceptación de la petrolera se debía a que en Ecuador, gobernaba en aquel momento Gustavo Noboa, quien había llegado al poder en enero de 2000 tras ser derrocado Jamil Mahuad por grandes manifestaciones populares.
Noboa impuso drásticas medidas neoliberales y de mayor privatización de la economía, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional e impuso fuertes medidas de austeridad. La Chevron se sentía entonces, segura con ese gobierno prooccidental.
Después de nueve años, la Corte Superior de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia halló culpable a la transnacional por el desastre y el daño ambiental causado y le ordenó pagar 18 000 millones de dólares como indemnización a los pobladores y gasto de limpieza.
Ahora, el fallo del Tribunal Internacional de Arbitraje, abre otra nueva etapa de lucha jurídica y por el respeto de la soberanía ecuatoriana. Chevron que aparece como la segunda peor compañía en el mundo por su ataque al medio ambiente, puede ser exonerada de pagos. La transnacional cuenta con dos cosas a su favor: abundante capital e influencia política en los centros financieros occidentales.
Recordemos que Condoleeza Rice, ex jefa del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush, fue directora de la compañía en los años 90, y Dick Cheney, ex vicepresidente de W. Bush, actuó como director de Halliburton, una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con la Chevron.
La pelea será dura y probablemente continuará por varios años pero el hecho ha dejado una moraleja: No se puede hacer negocios o firmar contratos con compañías transnacionales o gobiernos extranjeros que cercenen la soberanía financiera, económica y política de un país.
4.
Las armas nucleares las cargan los bancos
La industria mundial de las armas nucleares es financiada y mantenida viva por más de 300 bancos, fondos de pensión, compañías de seguros y gestores de activos, según un nuevo estudio.
Esas instituciones realizan sustanciales inversiones en la fabricación de armas atómicas.
Divulgado por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), el estudio de 180 páginas señala que las naciones con poderío nuclear gastan más de 100.000 millones de dólares al año fabricando nuevas ojivas, modernizando las viejas y construyendo misiles balísticos, bombarderos y submarinos para lanzarlas.
Gran parte de este trabajo es realizado por corporaciones como BAE Systems y Babcock International en Gran Bretaña, Lockheed Martin y Northrop Grumman en Estados Unidos, Thales y Safran en France, y Larsen & Toubro en India.
"Instituciones financieras invierten en esas compañías proveyendo préstamos y comprando acciones y bonos", indica el informe, considerado el primero en su clase.
Titulado "Don't Bank on the Bomb: The Global Financing of Nuclear Weapons Producers" ("No confíen en la bomba: El financiamiento mundial de los productores de armas nucleares"), el estudio provee detalles de las transacciones financieras con 20 compañías intensamente involucradas en la fabricación, mantenimiento y modernización de las fuerzas atómicas estadounidenses, británicas, francesas e indias.
Se necesita una urgente campaña mundial coordinada por la desinversión en armas nucleares, añade.
Un movimiento así podría ayudar a frenar los programas de modernización y fortalecimiento de armamentos e impulsar las negociaciones hacia una prohibición universal de ese tipo de bombas.
"Dejar de invertir en las compañías de armas nucleares es una forma efectiva de que el mundo corporativo avance hacia la meta de una abolición nuclear", afirma el estudio.
El trabajo llama a las instituciones financieras a que dejen de invertir en la industria armamentística atómica.
"Cualquier uso de armas nucleares violaría el derecho internacional y tendría catastróficas consecuencias humanitarias. Al invertir en los fabricantes, las instituciones financieras están de hecho facilitando la construcción de fuerzas atómicas", indica.
En el prólogo del informe, el arzobispo anglicano sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, señala: "Nadie debería hacer ganancias con esta terrible industria de la muerte, que nos amenaza a todos".
El líder pacifista instó a las instituciones financieras a que apoyaran los esfuerzos para eliminar la amenaza atómica, y destacó que el cese de inversiones fue vital en la campaña para poner fin al apartheid (sistema de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra) en Sudáfrica.
La misma táctica puede y debe ser empleada para enfrentar a la creación más maligna del hombre: la bomba nuclear, añadió.
Por su parte, Tim Wright, director de campañas de ICAN y coautor del informe, dijo a IPS que algunas de las instituciones identificadas en el trabajo ya expresaron su "intención de adoptar políticas prohibiendo las inversiones en fabricantes de armas atómicas".
La campaña para que cesen las inversiones "probablemente será más exitosa en países donde la oposición a las armas nucleares es más fuerte", por ejemplo los escandinavos y Japón, indicó.
Destacó que cada vez más bancos reconocen que se debe aplicar algún tipo de criterio ético a las inversiones, y que apoyar la fabricación de armas capaces de destruir ciudades enteras al instante era algo claramente contrario a la ética.
De las 322 instituciones financieras identificadas en el informe, alrededor de la mitad tienen sede en Estados Unidos y un tercio en Europa. El estudio también denuncia a instituciones de Asia, Australia y Medio Oriente.
Las más involucradas con la industria de armas nucleares son Bank of America, BlackRock y JP Morgan Chase en Estados Unidos, BNP Paribas en Francia, Allianz y Deutsche Bank en Alemania, Mistubishi UJF Financial en Japón, BBVA y Banco Santander en España, Credit Suisse y UBS en Suiza, y Barclays, HSBC, Lloyds y Royal Bank of Scotland en Gran Bretaña.
Consultado sobre si sería viable una campaña para boicotear a estas entidades, Wright dijo a IPS: "Si los bancos se resisten a ceder, los clientes tendrán que buscar alternativas éticas".
Muchos otros bancos, particularmente pequeños, se niegan a tener cualquier tipo de vínculo con esta industria, destacó. "Si la gente comienza a irse en masa, esto enviará una poderosa señal al banco de que su apoyo a las compañías de armas nucleares es inaceptable".
En el caso de las instituciones multinacionales, una campaña coordinada de boicot en varios países sería efectiva, sostuvo.
El estudio también cita a Setsuko Thurlow, sobreviviente de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945, y quien hizo un llamado a invertir de una forma ética y a no contribuir con actividades que amenacen la Tierra.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100277
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha defendido que las fuerzas de seguridad lleven a cabo "ataques letales" -asesinatos sin juicio previo- contra los estadounidenses supuestamente vinculados a Al Qaeda u otros "grupos terroristas", siempre que representen una amenaza inminente para el país y que sea imposible capturarlos.
En una conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad Noroccidental, Holder ha advertido de que, pese a que "es una de las decisiones más graves que puede llegar a afrontar un líder político", es posible aprobar el uso de "fuerza letal" contra estadounidenses.
Entre las distintas alternativas, ha incluido las operaciones dirigidas contra los estadounidenses que lideran a Al Qaeda en algún país, en lo que parece ser una referencia al clérigo de origen estadounidense Anwar al Awlaki, acusado de orquestar los ataques del grupo terrorista en Yemen, asesinado el año pasado por el ataque de un 'drone' de la CIA.
Estados Unidos había relacionado a Awlaki con varios complots contra el país, incluido el intento de un joven nigeriano de detonar una bomba en un vuelo comercial que cubría la ruta Ámsterdam-Detroit el 25 de diciembre de 2009. Sin embargo, no hubo juicio previo y las pruebas no eran definitivas, como advirtieron la prensa y numerosas voces públicas en EEUU.
Holder ha argumentado que la decisión de usar "fuerza letal" contra miembros estadounidenses de los grupos terroristas con los que Estados Unidos está en guerra es una competencia del presidente que el Congreso estableció en el año 2001.
No obstante, ha explicado que hay un "férreo control" de las operaciones militares contra estadounidenses, por lo que los altos cargos del Congreso deben ser informados.
"El pueblo estadounidense puede –y debe– estar seguro de que las acciones defensivas respetan nuestros valores y nuestras leyes", ha subrayado. Así, ha apuntado que las operaciones militares contra estadounidenses deben cumplir una serie de principios básicos del Derecho de los Conflictos Armados, como garantizar el valor militar del objetivo, utilizar armas que disminuyan el sufrimiento y minimizar los daños colaterales.
CRÍTICAS A HOLDER
Las organizaciones civiles han criticado el discurso del fiscal general de Estados Unidos al considerar que supone dar luz verde al asesinato de ciudadanos dentro y fuera de las fronteras del país.
"Plantea profundas cuestiones morales y legales, que deben ser objeto del debate público, así como cuestiones constitucionales, que deben ser consideradas por el poder judicial", ha dicho la directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Hina Shamsi.
El mes pasado, ACLU demandó al Gobierno ante un tribunal federal por la publicación de lo que parece ser un informe legal del Departamento de Justicia en el que se justifica el uso de la "fuerza letal" contra los estadounidenses en el extranjero.
Un funcionario estadounidense ha revelado a Reuters que las declaraciones de Holder han creado una división en el Gobierno, ya que sus miembros liberales creen que acercan las políticas de seguridad del presidente, Barack Obama, a las de su antecesor, George W. Bush.
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