Hipolito Mejía firma acuerdo para entregar el 10 por ciento a los ayuntamientos
7 de marzo de 2012. SANTO DOMINGO
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, ingeniero Hipólito Mejía, asumió el compromiso formal de aplicar la ley que dispone la entrega del 10 del presupuesto Nacional a los ayuntamientos para que puedan mejorar los servicios públicos y aplicar políticas de desarrollo en beneficio de las diversas comunidades del país.
Tras señalar que no basta la promulgación de leyes, sino garantizar su cumplimiento, el ingeniero Mejía se comprometió también a dar apoyo técnico a los ayuntamientos para que puedan aumentar la generación de ingresos propios y con ello ampliar las inversiones en políticas y programas de generación de riquezas e inclusión social de los pobres, tales como empleo productivo, protección social y seguridad ciudadana.
Igualmente acordó auspiciar iniciativas legales para transferir a los gobiernos locales, de forma gradual y progresiva, impuestos de vocación municipal, para que los administren e inviertan en planes de desarrollo económico y social, así como en la capacitación y tecnificación del personal y la implementación de la carrera administrativa municipal.
El ingeniero Mejía firmó un documento de once puntos con el liderazgo municipal del PRD mediante el cual se comprometió a respaldar la autonomía institucional y económica de los ayuntamientos, en una medida que favorecerá también a todos los cabildos dirigidos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Durante el acto estuvo acompañado del candidato vicepresidencial Luis Abinader y del presidente en funciones del PRD, Andrés Bautista García. El pacto compromete a los ayuntamientos, con el apoyo del Gobierno Central, a establecer sistemas de finanzas municipales que les permitan manejar con criterios racionales, los ingresos, las inversiones y los gastos, así como presentar los informes de transparencia y rendición de cuentas a los que están obligados ante los órganos de control financiero del Estado.
El acuerdo fue suscrito también por los principales líderes municipales del PRD, encabezados por el Fausto Ruiz, coordinador general de campaña del Comando Municipal; Victor D Aza, Secretario Nacional de Asuntos Municipales del PRD y coordinador técnico de Campaña; Tony Echavarría, síndico de San Pedro de Macorís, en representación de los alcaldes; Andrés Julio Ricardo, Director del Distrito Municipal del Palmar, en representación de los Distritos Municipales; y Juan Santiago, en representación de los Regidores.
A continuación los puntos del acuerdo:
1. Desde el gobierno perredeista que se instalara a partir de agosto del 2012, asumimos el firme compromiso de superar la ostensible debilidad en nuestro estado de derecho que en términos municipales, se expresa en el incumplimiento de la ley 166-03 que establece el 10% a los ayuntamientos. No basta con la producción de leyes, hay que garantizar su cumplimiento.
2. Reconocer que los ayuntamientos son las instancias del Estado más próxima a la ciudadanía, por lo cual se realizarán los esfuerzos que sean necesarios para dotarlos de las garantías económicas e institucionales que les permitan ejercer con plenitud su misión de gestionar y promover el bienestar social y económico de la población, ofreciéndoles servicios eficientes a todos los munícipes de manera continua y permanente.
3. Reconocer que corresponde al Estado realizar una asignación equitativa del gasto público, siguiendo el principio de subsidiaridad y suficiencia financiera para garantizar que los gobiernos locales gestionen sus territorios con eficacia, eficiencia y calidad de los servicios en procura de lograr el desarrollo municipal, humano y sostenible, en un marco de complementariedad (gobierno local-gobierno nacional).
4. Promover proyectos de leyes que transfieran a los gobiernos locales, de forma gradual y progresiva impuestos de vocación municipal, para que los administren e inviertan en planes de desarrollo económico y social, así como en la capacitación y tecnificación del personal de los mismos y la implementación de la carrera administrativa municipal.
5. Articular mecanismos de diálogo entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, para la planificación e implementación de las estrategias nacionales de desarrollo y de las políticas públicas, especialmente sobre los temas de inversión en temas sociales, ordenamiento territorial, regulación de uso de suelo, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y gestión integral de riesgos.
6. Contribuir desde el Gobierno Central, a Impulsar en coordinación con los ayuntamientos, políticas, programas y acciones de seguridad ciudadana, de equidad de género, de apoyo a grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, por tener menos acceso a los derechos políticos, sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución y las leyes.
7. Dar apoyo técnico a los ayuntamientos para que puedan aumentar la generación de ingresos propios y con ello ampliar las inversiones en políticas y programas de generación de riquezas e inclusión social de los pobres, tales como empleo productivo, protección social y seguridad ciudadana.
8. Colaborar desde el Gobierno Central, para que los ayuntamientos establezcan sistemas de finanzas municipales que les permita manejar con criterios racionales, los ingresos, las inversiones y los gastos, así como presentar los informes de transparencia y rendición de cuentas a los que están obligados ante los órganos de control financiero del Estado.
9. Apoyar los esfuerzos de los ayuntamientos para constituir los Consejos Económicos y Sociales Municipales, Los Consejos Zonales y los Comités de Seguimiento Municipales, de acuerdo al principio y al derecho de participación ciudadana en la priorización, toma de decisiones y seguimiento de los proyectos de inversión municipal establecidos en la Ley 176-07.
10. Contribuir con los gobiernos locales a realizar una gestión urbanística y ordenamiento del territorio que faciliten, entre otros aspectos: que el crecimiento de las ciudades y comunidades se realice de manera ordenada según un plan de ordenamiento territorial; que el crecimiento económico obedezca a una planificación urbana que ordene las actividades que se realizan en el territorio, incluyendo las ocupaciones informales; así como una renovación del espacio público que favorezca al peatón, fomente la vida en comunidad y cree condiciones para el esparcimiento familiar sano.
11. Impulsar y apoyar desde el Gobierno central políticas y acciones coordinadas con los gobiernos locales para contribuir con la seguridad ciudadana vista desde un enfoque integral y haciendo énfasis en actividades preventivas; el ordenamiento del tránsito y el transporte creando alternativas diversas; la gestión integral de las condiciones ambientales, asegurando que los munícipes tengan adecuadas condiciones de salubridad; planes y programas de prevención y mitigación de desastres que permitan a la ciudadanía ser menos vulnerables a eventos naturales.
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Publicado por GUASABARAeditor en GUASABARAeditor el 3/07/2012 06:42:00 AM --
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