Recuperar el diálogo para mejorar las políticas
Las personas suelen creer que las políticas públicas afectan de manera equitativa a toda la ciudadanía. Desafortunadamente, la evidencia empírica ha demostrado lo contrario. Las decisiones en esta materia plantean claras disyuntivas económicas, políticas y sociales.
Las personas suelen creer que las políticas públicas afectan de manera equitativa a toda la ciudadanía. Desafortunadamente, la evidencia empírica ha demostrado lo contrario. Las decisiones en esta materia plantean claras disyuntivas económicas, políticas y sociales.
Toda disyuntiva involucra juicios de valor, preferencias políticas y sociales, así como concepciones ideológicas.
En tal sentido, la elección de una política pública es un asunto político y ético sobre el cual la burocracia estatal difícilmente pueda mantenerse neutral. De forma implícita, sus decisiones estarán fundadas en modelos teóricos y análisis empíricos que reflejen su visión de la sociedad. Los resultados de dicha elección tampoco son neutrales porque afectan a los ciudadanos de manera desigual beneficiándolos o perjudicándolos. Por tal razón, es importante que las acciones públicas sean jerarquizadas de acuerdo con decisiones democráticas validadas por la ciudadanía. Así, reconociendo las restricciones que impone el Presupuesto de la Nación, les den prioridad a los temas que la sociedad haya consensuado.
Esta es la regla de oro que todo gobierno debe emplear en aras de dar una mayor sostenibilidad a la democracia. Desde el Estado no se deben imponer decisiones que afecten a la ciudadanía sin que previamente se alcancen los niveles de consenso necesarios que permitan a la sociedad valorar la iniciativa pública.
En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se ha obviado esta regla de oro. Su estructura organizacional, cerrada y extremadamente vertical, parece reflejar también su visión de la sociedad.
La estructura organizacional del PLD fue concebida a la vieja usanza de los partidos comunistas cuyo organismo máximo es el Comité Político (CP) donde se toman las decisiones que deben ser acatadas por toda la membrecía partidaria. Los veinticuatro integrantes del CP imponen sus criterios a más de un millón de miembros del partido morado.
Este exclusivo y poderoso club de dirigentes diseña, discute, decide y baja la línea política que el PLD presenta a la sociedad. No dialoga con los demás estamentos partidarios, sino que les impone sus decisiones. Este es el real poder partidario. El politburó morado. Sus miembros ocupan también las más altas posiciones en los poderes públicos constituyendo una modalidad de Partido-Estado.
Como están acostumbrados a que sus decisiones sean asumidas sin ningún tipo de reclamo por parte de los demás miembros del partido, el CP entiende que puede imponer sus criterios a toda la sociedad dominicana. Y, durante los últimos años, así lo ha hecho.
El gobierno del PLD no ha aprendido a dialogar, a construir consensos, a ceder y/o compartir espacios de poder con las organizaciones de la sociedad civil. Siempre termina imponiendo su criterio. Sus actuaciones han afectado casi todas las decisiones en materia de políticas públicas a costa de una importante pérdida de bienestar para las presentes y futuras generaciones.
Las decisiones sobre: El Metro de Santo Domingo, el programa Barrio Seguro, el caso Sund Land, la Constitución vigente, la elección de las Altas Cortes, las Reformas Tributarias, la aprobación acelerada del Presupuesto de la Nación, los Megaproyectos, entre otros, reflejan la arcaica visión del gobierno peledeísta respecto del papel de la ciudadanía en el marco de la democracia participativa.
Las millonarias obras de infraestructura vial construidas principalmente en el casco urbano del Distrito Nacional, lejos de resolver los problemas del transporte parecen haberlos complicado aun más. El Metro no transporta la cantidad de pasajeros que se había proyectado, incrementando el costo del subsidio, mientras que los nuevos elevados sólo han servido para trasladar los tapones de lugar.
Estas obras han sido construidas sin ningún tipo de discusión previa con los distintos actores de la sociedad. Adjudicadas sin licitación y con una importante carga tributaria -vía endeudamiento público- que compromete el bienestar económico y social de los dominicanos.
El programa Barrio Seguro ha sido un rotundo fracaso. Un derroche de recursos públicos en la adjudicación directa de equipos que servirían de apoyo al programa. Estos eran incompatibles con la limitada infraestructura vial de los barrios populares de la capital. Las motocicletas Harley Davidson y los autos Ford Focus terminaron al poco tiempo de ser adquiridos en los depósitos de la chatarra oficial.
El endeudamiento público crece, así como la delincuencia en los barrios marginados mientras el gobierno aumenta la nómina del Ministerio de Interior y Policía con la creación de "policías comunitarios" que sirven para perpetuar el inconmensurable clientelismo político del PLD.
El Presupuesto de la Nación se aprueba al vapor mientras en las afueras del Congreso miles de jóvenes vestidos de amarillo exigen el cumplimiento del 4% del producto interno bruto para la educación tal y como establece la Ley. Pero, el Presidente de la República y del PLD les dice: "… por más que brinquen y pataleen no daré el 4% del PIB a la educación".
La intolerancia oficial también se hizo presente en la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia donde los magistrados que habían emitido su voto disidente respecto del caso Sund Land fueron impedidos de continuar en sus cargos. Además, injuriados al ser calificados como imparciales e incompetentes en el acta publicada por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Desde el inicio formal de la democracia en 1978, ninguna organización política había concentrado tanto poder como el que posee en la actualidad el PLD. Con el control de los tres poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) el partido de gobierno inaugura una etapa que resulta amenazante para la democracia dominicana.
El próximo veinte de mayo la ciudadanía tendrá la oportunidad de contrapesar la concentración del poder político del PLD y recuperar la regla de oro para la sostenibilidad democrática que consiste en jerarquizar las decisiones de políticas públicas priorizando por aquellas que la sociedad ha consensuado.
Una verdadera democracia participativa requiere de diálogo y consenso. De esta forma, las políticas públicas impactarán positivamente en el bienestar económico y social de los dominicanos.
Así lograremos construir un mejor país, pero para todos.
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=114875
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Publicado por GUASABARAeditor en GUASABARAeditor el 1/30/2012 01:35:00 PM --
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