De: Área de Prensa - Ministerio Público <prensamp@poder-judicial.go.cr>
Fecha: 10 de febrero de 2015, 10:40
Asunto: FISCALÍA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRAS PRUEBAS POR CASO DE TRÁFICO DE ARMAS
Para: Área de Prensa - Ministerio Público <prensamp@poder-judicial.go.cr>
Comunicado de prensa
FISCALÍA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRAS PRUEBAS POR CASO DE TRÁFICO DE ARMAS
- Se desarrollan 11 allanamientos en casas y oficinas públicas y privadas
- Autoridades investigan si existen o no funcionarios del Ministerio de Seguridad que colaboran con la organización
10 de febrero 2015. La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FACDO) dirige 11 allanamientos cuyo objetivo es localizar elementos de prueba para una investigación que lleva a cabo por el delito de tráfico de armas. Entre los sitios ingresados esta mañana están tres oficinas del Ministerio de Seguridad Pública: el Departamento de Control de Armas y Explosivos, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y la Dirección General de Armamento. Además, empresas de seguridad privada, dos casas y locales comerciales.
La organización que investiga la FACDO opera adquiriendo e importando armas de fuego permitidas a Costa Rica, de forma lícita. Esas armas provienen de países como Turquía, Estados Unidos y República Checa, y la importación se realiza mediante la empresa Armería Martín Armar S.A., dedicada a ese negocio.
Posteriormente, la importadora documenta la supuesta venta de armas a empresas de seguridad privada legalmente constituidas en nuestro país, sin embargo, en la realidad las armas no son adquiridas por dichas compañías, y por el contrario son vendidas dentro y fuera del país a terceros de forma clandestina, limándoseles –en la mayoría de casos- los números de serie para perder el rastro del proveedor.
El grupo criminal inscribe las armas de fuego en el Departamento de Armas y Explosivos a nombre de empresas de seguridad privada legalmente constituidas y que fungen como testaferros. Al menos en una oportunidad, se logró detectar que la empresa importadora envió armas a Panamá sin contar con los permisos de exportación extendidos por la Dirección de Armamento y por el Departamentos de Armas y Explosivos.
Evadiendo controles migratorios, fronterizos y aduaneros, en ambos países, las armas se vendieron en esa nación de manera ilícita, y entre el 2012 y 2013 se decomisaron 31 que estaban en manos de ciudadanos panameños que no registraban ningún ingreso a territorio costarricense. Ese armamento sí contenía los números de serie, por lo que se pudo confirmar que en Costa Rica fueron importadas por la Armería Martín Armar S.A. y que se había simulado las ventas a empresas de seguridad privada en el país.
Entre los tipos de armamento traficados se encuentran: pistolas Canik 5 S, 9 mm CZ, Kanuni, fusil 5.56 mm y rifles 7.62x39 mm.
Los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública intentan localizar información que permita confirmar el modus operandi de la organización y determinar si existe o no alguna participación de funcionarios públicos en el proceso de importación e inscripción de las armas.
Vinculación con otro caso. Esta investigación se relaciona con un expediente acusado por la FACDO (13-000439-1219-PE), que precisamente hoy dio inicio el juicio en el Tribunal Penal de Pavas. Se trata de cinco personas (tres colombianos, un costarricense y un nicaragüense) acusados por los delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas.
En esa causa se acusó al propietario de la empresa Armería Martín Armar S.A. como responsable de proveer las armas a los hombres de nacionalidad colombiana, acusados por traficar cocaína. Durante el período de investigación, a esta organización criminal se le decomisaron 490 kilos de cocaína y 37 armas, entre las que destacan rifles semiautomáticos, rifles PARMK3 y pistolas Beretta. 16 de esas armas tenían el número de serie limado.
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