EL PAÍSDERECHOS HUMANOS
SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).–El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas vaticinó el fracaso del Gobierno en la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial de naturalización que favorece a los inscritos en el Registro Civil en lo que el Estado considera “en forma irregular” basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional.
“Es deplorable que el propósito del gobierno del presidente Danilo Medina, materializado por una ley del Congreso Nacional, que ha tenido tanto reconocimiento nacional e internacional, esté siendo abiertamente obstruido por actitudes y requerimientos que sobrepasan o ignoran el mandato legal”, indicó el Comité en un comunicado.
Como en otras ocasiones, el organismo reiteró que la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policíaburlan al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo con la aplicación de la citada ley que favorece sobre todo a dominicanos de ascendencia haitiana.
Recordó que la ley favorece a los descendientes de extranjeros no residentes inscritos en el Registro Civil, que deben realizar los trámites ante la JCE y a los que no figuran en el Registro Civil, cuyo proceso está a cargo de Interior y Policía.
Indica que respecto a los inscritos en el Registro Civil “la ley no exige condiciones, trámites o atributos adicionales para beneficiarse del régimen especial establecido por ella”.
Por el contrario, "establece claramente en su Artículo 2 que ´la Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior´”, añadió.
El Comité se queja, sin embargo, que a más de cuatro meses de la promulgación de la Ley 169-14 (el 23 de mayo pasado), la JCE “continúa negando las actas de nacimiento a los beneficiarios del régimen especial, estableciendo requisitos y procedimientos que violan de forma arbitraria las disposiciones de orden público dispuestas en la misma”.
“Como ya había sido denunciado anteriormente por este Comité, el boicot institucional desarrollado por la JCE en adición a contradecir la Constitución, desconoce abiertamente numerosos preceptos legales, como por ejemplo las disposiciones del Artículo 31 de la Ley No. 659 de 1944, sobre Actas del Estado Civil, que establece la naturaleza fedataria de las actas de nacimiento y el derecho universal de acceder a las mismas que asiste a toda persona, así como los principios rectores de la actuación de la administración pública consagrados en nuestra constitución y desarrollados en la Ley 107-13 sobre los Derechos de Las Personas Frente a la Administración Pública, como la juridicidad, buena fe, racionalidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, relevancia, y confianza legitima, entre otros”.
Sostiene que como “resultado de este flagrante desacato al principio de legalidad que debe regir a la administración pública” hasta el momento menos del 1% de los hijos de inmigrantes que ya figuran en el Registro Civil “han podido percibir los beneficios” de la citada ley.
“El resto siguen a la espera que el Estado les dé una solución para que tengan sus documentos de identidad y puedan ejercer sus derechos”, indicó.
Sostiene que aunque el 23 de septiembre la JCE publicó los nombres de unas 13 mil personas que deberían entrevistarse con sus inspectores y “llevar o aportar cualquier documento o información que pueda ser de utilidad para esta auditoría”, a muchos de los que acuden al llamado se les remite al Plan Nacional de Regularización, “bajo el alegato de que son extranjeros”.
En cuanto a los no inscritos en el Registro Civil el Comité denunció que Interior y Policía “impone a los solicitantes requisitos que no están previstos en la Ley y su reglamento, rechaza solicitudes de personas nacidas después del 18 de abril de 2007, exige un documento de identidad de la madre, que es muy difícil obtener en el plazo establecido por la Ley y reclama la presentación de la madre y/o el padre del solicitante”.
También, denunció que Interior y Policía todavía no dispone de todas las unidades de ejecución del plan de regularización previstas o algunas funcionan de manera precaria. “Hay 15 provincias en la que no hay unidades de ejecución y no atienden a personas provenientes de otras jurisdicciones”, insistió.
“Las violaciones y retardación del cumplimiento de la Ley No. 169-14 y su Reglamento por parte del Ministerio de Interior y Policía a estas alturas del curso del plazo de 90 días concedido, llevan inexorablemente a concluir que el procedimiento de naturalización en tres pasos, registro en libro de extranjería, regularización migratoria y naturalización, se encamina al fracaso”, indicó el Comité en un comunicado. http://www.7dias.com.do/portada/2014/10/02/i173580_comite-solidaridad-con-desnacionalizados-vaticina-fracaso-plan-naturalizacion.html
--
Publicado por GUASABARAeditor para GUASABARAeditor el 10/02/2014 05:30:00 a. m. --
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "guasabara.editor" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a guasabaraeditor+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.