Haga clic aquí para articulo originalLa comunidad internacional ha condenado con razón una decisión de la Corte Suprema de la República Dominicana de revocar la ciudadanía de por lo menos 350 mil dominicanos de ascendencia haitiana. Por desgracia, esta decisión solo es una de muchas acciones partidistas que amenazan el estado de derecho y el crecimiento económico en esa nación. Los dominicanos de buena voluntad deben actuar para restaurar la integridad e independencia de sus instituciones y asegurar un futuro mejor para todos sus ciudadanos.A principios de este mes, la respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una visita a ese país para estudiar las implicaciones de la decisión de implementar retroactivamente una enmienda constitucional del 2010 que redefinió los derechos de la ciudadanía. Esta decisión despoja a multitudes de su "derecho a la nacionalidad." La Comisión emitió con urgencia una serie de recomendaciones inequívocas que insisten en que el Estado dominicano adopte "claramente, rápidamente y con justicia" medidas para "garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho" antes de la sentencia."La decisión del tribunal se ha defendido como una medida necesaria para responder a las preocupaciones legítimas sobre la inmigración ilegal. Sin embargo, incluso antes de la publicación de esta decisión judicial draconiana, las autoridades electorales se habían negado a proporcionar tarjetas de identificación de votantes a miles de personas de origen haitiano. Esta acción es probablemente una maniobra política por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para descalificar a los votantes de origen haitiano que tienden a votar masivamente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El PRD ha tenido en sus filas a haitianos desde su fundación, como el fallecido José Francisco Peña Gómez, orgulloso hijo de inmigrantes haitianos, quien fue un pilar del PRD.El presidente del PLD y ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ha llenado a la Corte Suprema y al tribunal electoral de amigos y partidarios, lo que explica por qué estas instituciones del Estado sirven a sus intereses políticos. Por ejemplo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, fue socio de Fernández. Marta Olga García, quien también es juez de la corte, es cuñada de Miguel Vargas, un caudillo con quien Fernández está conspirando para dividir al partido opositor PRD.Aunque supuestamente el tribunal electoral está compuesto por jueces imparciales, sus miembros fueron elegidos en base a su lealtad a Fernández y/o con el PLD. Fernández ha ejercido un control absoluto sobre el tribunal electoral para alterar el resultado de elecciones y para negar la representación proporcional del partido de la oposición en el Congreso. Aunque el PRD ganó casi el 42 por ciento de los votos a nivel nacional en 2010, solo obtuvo uno de los 32 escaños del Senado.Esta manipulación atroz de las instituciones por parte del ex presidente Fernández ha creado un estado unipartidista, como se narra en un informe publicado en noviembre por el prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC y escrito por el veterano asesor del Senado estadounidense Carl Meacham. Meacham destaca una maniobra descarada por Fernández al hacer un pacto con el ex candidato del PRD Miguel Vargas para usurpar el control del PRD , derrocar a los líderes más fuertes del partido y socavar su capacidad para establecer una campaña viable contra el PLD."El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha asegurado la desunión continua del PRD", informa Meacham . "Teniendo en cuenta su participación discrecional en la preservación de Miguel Vargas en la presidencia del PRD – y su decisión de no intervenir cuando se expulsó del PRD al ex presidente Hipólito Mejía. Algunos temen que el TSE está desempeñando un papel indebido y decisivo para paralizar la oposición principal del PLD.Instituciones disfuncionales atraparán a todos los dominicanos en la corrupción y el deterioro económico. De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), el país ocupa el puesto 123 en percepción de mayor corrupción, solo por debajo de Venezuela, Paraguay, Honduras y Nicaragua en las Américas. Un informedel Departamento de Estado de este año señala que: "La corrupción sigue siendo endémica en todos los niveles de la sociedad dominicana. Los encargados de hacer cumplir la ley, militares y funcionarios del gobierno son a menudo acusados de una serie de actos de corrupción, incluyendo el tráfico de drogas, lavado de dinero, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos".No es sorprendente que el informe del CSIS señale que Fernández o sus aliados estén involucrados en lavado de dinero y otros delitos graves. Miguel Vargas, por ejemplo, fue acusado en un testimonio jurado a principios de este año de haber aceptado 300,000 dólares del capo de la droga José David Figueroa en Agosto del 2008.Los dominicanos de ascendencia haitiana no son los únicos ciudadanos que pagan un precio por la corrupción sistemática en el país. Tal vez el escándalo internacional actual generado por el fallo de la Corte Suprema estimulará a la clase política y a la sociedad civil para promover reformas urgentes a las instituciones judiciales y electorales. Sólo entonces la República Dominicana volverá a ser un buen vecino y socio productivo para la región y los Estados Unidos.El autor fue embajador de EE.UU. ante la OEA y subsecretario de Estado durante la administración de George W. Bush. Él es un investigador visitante en el American Enterprise Institute y director ejecutivo de Visión Américas LLC, que representa a clientes estadounidenses y extranjeros.
http://interamericansecuritywatch.com/democracia-en-riesgo-para-todos-los-dominicanos/
THE CARIBBEAN
Democracy at risk for all Dominicans
NORIEGA
BY ROGER F. NORIEGA
RNORIEGA@AEI.ORG
The international community has justifiably condemned a decision by the supreme court of the Dominican Republic revoking the citizenship of as many as 350,000 Dominicans of Haitian descent. Unfortunately, that decision in September was just the latest in a pattern of cynical, partisan actions that threaten the rule of law and economic growth in that nation.
Dominicans of goodwill must act to restore the probity and independence of their institutions to secure a better future for all of its citizens.
Early this month, the respected Inter-American Commission on Human Rights paid an urgent visit to that country to study the implications of the decision to retroactively apply a 2010 constitutional amendment that redefined citizenship rights, effectively stripping multitudes of their "right to nationality." The commission urgently issued a series of unambiguous recommendations insisting that the Dominican state take "simple, clear, fast, and fair" steps to "guarantee the right to nationality of those individuals who already had this right" before the ruling.
The court's decision has been defended as a measure needed to address legitimate concerns over illegal immigration. However, even before this draconian court decision was issued, electoral authorities had refused to provide voter identification cards to thousands of persons of Haitian background.
That is a clue that this dubious decision is likely a shameless political maneuver of the ruling Dominican Liberation Party (PLD) to disqualify voters of Haitian descent who tend to vote overwhelmingly for the opposition Dominican Revolutionary Party (PRD). For example, the late José Francisco Peña Gómez, the proud son of Haitian immigrants, was a pillar of the PRD.
The PLD's boss, former President Leonel Fernández, has named his partisans to the supreme court and the electoral tribunal — which explains why these important institutions of the state serve his political interests. For example, the current chief justice, Mariano Germán Mejía, was Fernández's law partner, and another justice, Marta Olga García, is the sister-in-law of Miguel Vargas, a fellow caudillo with whom Fernández is conspiring to hijack the opposition PRD.
Although the electoral tribunal is supposed to be a panel of impartial magistrates who run all national elections, its members were chosen based on their loyalty to Fernández and/or the ruling PLD. Fernández has wielded his absolute control of the tribunal to rig recent elections to deny the opposition party proportional representation in the congress; for example, although the PRD won nearly 42 percent of the nationwide vote in 2010, it claimed only one of 32 Senate seats.
The former president's egregious manipulation of state institutions to build a "one-party state" is chronicled in a report issued in November by the prestigious Washington, D.C., think tank, the Center for Strategic and International Studies (CSIS), authored by veteran U.S. Senate advisor Carl Meacham. Meacham highlights a brazen maneuver by Fernández to make a pact with former PRD candidate Miguel Vargas to usurp control of the PRD, oust the party's strongest leaders, and undermine the party's ability to muster a viable campaign against the ruling PLD.
"The Superior Electoral Tribunal (TSE) has ensured the continued disunity of the PRD," Meacham reports. "Given its discretionary involvement in preserving Miguel Vargas' PRD presidency — and its decision not to engage in the party's expulsion of former president Hipólito Mejía — some fear that the TSE is playing an undue and decisive role in crippling the PLD's primary opposition."
Dysfunctional institutions will trap all Dominicans in corruption and economic decline. According to Transparency International (TI), the country is ranked 123rd in the world in terms of corruption; only Venezuela, Paraguay, Honduras and Nicaragua have worse ratings in the Americas. A State Departmentreport this year noted that, "Corruption remains endemic at all levels of Dominican society. Dominican law enforcement, military, and government officials are often accused of a range of corrupt activities including narcotics trafficking, money laundering, extrajudicial killing and other crimes."
Not surprisingly, the CSIS report notes that Fernández or his allies have been accused of corruption, money laundering and other serious crimes. For example, Vargas was accused in sworn testimony earlier this year of accepting $300,000 from reputed drug kingpin Jose David Figueroa Agosto in 2008.
Haitian Dominicans are not the only citizens paying a price for systematic corruption. Perhaps the current international scandal generated by the Supreme Court's careless ruling will spur the nation's political class and civil society to agree on an urgent overhaul of its judicial and electoral institutions. Only then will the Dominican Republic return to being a good neighbor and productive partner for both the region and the United States.
Roger F. Noriega was U.S. ambassador to the OAS and assistant secretary of state during the George W. Bush administration. He is a visiting fellow at the American Enterprise Institute and managing director of VisionAmericas LLC, which represents U.S. and foreign clients.
http://www.miamiherald.com/2013/12/26/3836655/democracy-at-risk-for-all-dominicans.html--
Publicado por GUASABARAeditor para GUASABARAeditor el 12/28/2013 06:31:00 p.m. --
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