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Enviado: Miércoles 14 de noviembre de 2012 11:20
Asunto: FW: La Inconstitucional barbarie de Laura Chinchilla
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Enviado: Miércoles 14 de noviembre de 2012 11:20
Asunto: FW: La Inconstitucional barbarie de Laura Chinchilla
El hecho de que remita este artículo no significa que apoye su contenido.
Tampoco quiere decir que no lo apoyo.
Lo aquí expresado sirve para que cada quien saque sus propias conclusiones.
Tampoco quiere decir que no lo apoyo.
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Sent: Lunes, 12 de Noviembre de 2012 05:56 p.m.
To: fibonacci@racsa.co.cr
Subject: La Inconstitucional barbarie de Laura Chinchilla
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Sent: Lunes, 12 de Noviembre de 2012 05:56 p.m.
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Subject: La Inconstitucional barbarie de Laura Chinchilla
12-11-2012
Costa Rica
La Inconstitucional barbarie de Laura Chinchilla
José Solano
Equipo Crítica
Lo ocurrido este 8 de noviembre por parte del gobierno de Laura Chinchilla
no tiene nada que envidiarle a las políticas fascistas de Europa y América
Latina del siglo pasado. La política de la mano dura en contra de los
defensores de la Patria nunca se había manifestado tan retorcida y
aberrante como en esta ocasión en la que, hombres y mujeres de todas las
edades, fueron atropellados, vapuleados y vejados. Lo ocurrido ayer no es
el acabose, sino una práctica recurrente del gobierno de Chinchilla que se
inauguró el mismo día de su mandato con los ya conocidos actos de
violencia policiaca.
La Constitución Política establece, en sus artículos 26, 28 y 29, que
todos tienen derecho a reunirse para discutir los asuntos políticos y que
nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus
opiniones, esto se hace en el tanto no se transgreda la ley, la cual fija
las excepciones pertinentes. Así mismo, el artículo 37 establece que nadie
podrá ser detenido sin justificación previa. Lo acontecido el 8 de
noviembre viola claramente estos cuatro artículos constitucionales de una
manera flagrante y descarada.
Más lamentable y bochornoso es que la misma Convención Americana de
Derechos Humanos sea pisoteada en el mismo lugar que fue pactada,
específicamente el artículo 5, incisos 1 y 2 sobre el respeto a la
integridad física; artículo 7, incisos 2 y 3 sobre la privación arbitraria
de la libertad; artículo 8 sobre las garantías judiciales y el artículo
13, inciso 1 sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, todo lo
anterior que aparece estipulado en la Carta Magna y en el Pacto de San
José fue una contravención a los Derechos Humanos, pero esto no es más que
la consecuencia directa de las políticas de corte fascista del gobierno de
Chinchilla.
¿El alegato de las autoridades? La libertad de tránsito. Sin embargo,
como por todos es sabido, la Sala Constitucional, en un fallo del 14 de
abril del año 2000, señaló que "el Estado tiene la potestad de hacer uso
de la fuerza legítima para garantizar la libertad de tránsito de las
personas, pero la defensa de ésta libertad no puede ser ilimitada, a tal
punto que restrinja la libertad personal y la libertad de expresión que el
Derecho de la Constitución garantiza a favor de todos los habitantes de la
República.", y continúa la misma resolución que "durante las
manifestaciones populares es factible que el ejercicio de la libertad de
expresión de unos limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros,
el Estado –a través de los órganos y autoridades competentes para hacer
uso de la fuerza pública- debe analizar el contenido mínimo esencial de
ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten
en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar
de su contenido esencial a ninguna". (Voto 3020-2000)
Siguiendo las líneas anteriores, lo que queda demostrado es que las
autoridades represivas, comandadas por la mandataria, quebrantaron el
orden constitucional y una tajante directriz de la Sala competente. Esto
es una manifestación autoritaria de los gobiernos neoliberales enclenques
que temen al empoderamiento y a la toma de conciencia popular. Pero este
recurso de la "violación a la libertad de tránsito" es una artimaña muy
utilizada por los medios de comunicación, fieles acólitos del sistema de
opresión. Mas, ¿por qué no aparece dicha resolución en las
desinformaciones ofrecidas por estos medios? Fácil, para seguir
manteniendo manso el rebaño.
Pero esta resolución finaliza con un punto fundamental que alivia las
presiones de los derechos tutelados, y es que la autoridad "deberá
garantizar la libertad de tránsito de las personas, organizando salidas
alternas, levantando obstáculos en las vías, pero jamás dispersando
mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas
que se encuentren manifestando su opinión en forma pacífica". (Voto
3020-2000)
¿Qué pasó entonces este 8 de noviembre? La más completa improvisación, el
irrespeto, la irresponsabilidad y una barbarie que solo puede ser
comparable con añejos y retorcidos gobiernos autoritarios que han asolado
a Nuestra América en décadas pasadas. Pero nada sorprende, esa es la
tónica de los gobiernos débiles que agreden a los más vulnerables del
pueblo y que no tienen las agallas de acometer en contra de los verdaderos
delincuentes de la nación. Y estos medios complacientes e hipócritas que
se suman al juego con su verborrea sediciosa y fascista, colaborando con
la estupidización, la deslegitimación y la satanización de la
manifestación y del mismo Derecho Constitucional. El país pues, vive una
silenciosa dictadura que ha sabido utilizar muy bien sus aparatos
ideológicos y represivos.
La violencia ocurrida fue producto de unas autoridades despóticas y
carniceras que ni siquiera tienen el básico conocimiento de la ley, donde
lo que pareciera demostrar es que su nombramiento salió de una caja de
cereal con forma de argollitas y su preparación de cierta y tristemente
célebre escuela, famosa por su formación de asesinos militares. Lo
acontecido pudo ser evitado, pero ese no era el plan. Los medios ya
empiezan a decantar su anhelo de un sistema político abiertamente
autoritario (según la última encuesta de La Nación, principal medio del
"despotismo deslustrado").
No hubo la más mínima preparación para un grupo de familias con niños,
jóvenes y ancianos que marcharon por la defensa de la Caja, el último
baluarte de la paz social. Paz que ya empezó a desmoronarse con los actos
delictivos cometidos por el gobierno y su Fuerza Pública en contra del
pueblo comprometido, pues lo que jamás hubo fueron salidas alternas para
los bloqueos que hicieron los mismos antimotines, donde más bien sobró el
maltrato físico y las detenciones ilegítimas.
Esto que culminó el 8 de noviembre, un día después de la tan cacareada
celebración de la "Democracia Costarricense", es el clímax de una
patología que se inició el mismo 8 de mayo de 2010, momento de la toma de
posesión de Laura Chinchilla y que estuvo bañado por la violencia
desenfrenada de la Fuerza Pública, amparada y solapada por la recién
ingresada mandataria. Esto solo demuestra que el comienzo de esta
administración señaló proféticamente su propio desgaste político. Pero
esta costumbre represiva es un síntoma más del sistema político y
democrático liberal que está en crisis y de un sistema mundo en decadencia.
Parece que poco a poco el fantasma empieza a deambular estas tierras. Es
la hora de los desesperados, es la hora de actuar, porque en esta zona
tropical, una primavera quiere florear.
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