Partido Frente Amplio
Fracción Legislativa
Informe Mensual (Setiembre 17-Octubre 21, 2012).
· Compañero José Merino: ¡Presente¡ ¡Ahora y siempre! Retomamos nuestros informes periódicos de labores después del duro golpe recibido por la muerte de nuestro querido compañero José Merino. No ha sido fácil asimilar la partida del maestro, el amigo de consejo sabio y respetuoso, el luchador honesto, digno, coherente, el intelectual inspirador, nuestro líder indiscutible y querido. Pero, tenemos la firme convicción de que la mejor manera de honrar su memoria es continuar sus luchas, fortalecer este partido que el fundó para que siga creciendo vigoroso hasta consolidarse como la alternativa de transformación y justicia social que reclama nuestro pueblo. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Gracias don José por tu vida. ¡La lucha continúa!
· El infame veto a la Reforma Procesal Laboral. Siguiendo las órdenes dictadas del sector de las cámaras empresariales que más irrespeta la libertad sindical (bananeras y piñeras) el Poder Ejecutivo vetó la Reforma Procesal Laboral. No podría haber sido de otra manera pues se trata de un proyecto que realmente busca fortalecer la protección de los derechos laborales individuales y colectivos en nuestro país. El discurso oficial habla de un "veto parcial" que supuestamente solo afectaría los artículos del proyecto que regulan la huelga en servicios públicos esenciales. La verdad es que el veto echa para atrás toda la ley. Devuelve a comisión un proyecto que tardamos más de 3 años en consensuar después de una largo proceso de dialogo y negociación entre patronos, sindicatos, Poder Judicial, OIT y Gobierno.
· El veto es una nueva acción desleal y traicionera de un Gobierno que ha demostrado carecer del más mínimo fundamento ético. Vetan la ley a pesar de que se habían comprometido a no hacerlo y de que la Presidenta fue a la sede de la OIT (Ginebra, Suiza) a destacar la aprobación de este proyecto como un gran "logro" de su Gobierno. En el veto cuestionan artículos que nunca fueron objetados por el PLN durante la amplísima discusión que tuvo el proyecto en la comisión de asuntos jurídicos. Aunque lo niegan, el objetivo final es enterrar la reforma. Para ello escogieron un tema que es más fácil de manipular en la opinión pública.
· El veto alega razones de inconstitucionalidad y "conveniencia" que no tienen fundamento. Se afirma que el proyecto de ley promueve la huelga en servicios esenciales como salud y seguridad impidiendo la prestación efectiva de los servicios a las personas usuarias. Esto es falso. La Constitución delega en la ley la determinación de en cuales servicios públicos se prohíbe la huelga y en cuales no. La OIT acepta que en los servicios mencionados se prohíba la huelga o bien, que se regule más rigurosamente. El proyecto hace esto último. No prohíbe la huelga pero la regula de forma precisa para buscar un equilibrio entre el derecho de las y los trabajadores y el derecho de las personas usuarias de los servicios públicos. Establece que para ir a huelga en servicios que afecten la vida, la salud o la seguridad, los interesados deben presentar un plan de servicios mínimos que garantice que no se van a poner en peligro estos derechos. Este plan debe ser revisado por un juez. En estos casos, la huelga tiene un plazo máximo, si no hay arreglo las partes deben ir a un arbitraje obligatorio. Se prohíbe contratar "esquiroles" o "rompehuelgas" mientras la huelga no haya sido declarada ilegal. Todo esto es plenamente compatible con la Constitución, los convenios de la OIT y los votos de la Sala IV. Así resuelven estos conflictos los países que tienen una legislación laboral más avanzada.
· El Gobierno pretende eliminar estas regulaciones dejando la huelga totalmente prohibida en estos servicios, sin una regulación adecuada. Esto, lejos de beneficiar a las personas usuarias, las perjudica, porque las huelgas son una realidad social, cuando hay motivos y fuerza social se dan aunque sean ilegales y, hoy, no existen regulaciones claras sobre los servicios mínimos que deben prestarse ni mecanismos para asegurar la solución del conflicto en un plazo razonable. No cabe duda: los motivos del veto son una excusa. El problema de fondo es que la reforma fortalece la libertad sindical en la empresa privada y avanza en hacer realidad derechos que hoy se le niegan a la clase trabajadora por que solo existen en el papel, no hay como hacerlos efectivos.
· Lo que sigue: La lucha por la justicia social y laboral no tiene fin para nosotros. Seguiremos insistiendo en la necesidad de aprobar la Reforma Procesal Laboral. Con diputados de otras fracciones hemos estado discutiendo sobre la el procedimiento a seguir para que el proyecto vetado sea conocido con prioridad y el Gobierno no logre su objetivo de enterrarlo. También hemos estado analizando para propuestas para aclarar y mejorar la redacción del proyecto, a fin de disipar cualquier duda que pueda surgir sobre los aspectos planteados en el veto, sin menoscabar los derechos de las y los trabajadores. Si existiera voluntad política podría volver a dictaminar el proyecto para su votación en Plenario. Por nuestra parte, no permitiremos el avance de otros proyectos de interés del Gobierno hasta que no exista esta voluntad política.
· Frente Amplio presente en la lucha por nuestro derecho al estudio. La marcha del fotocopiado. El 9 de octubre nuestras compañeras y compañeros del movimiento estudiantil y las comunidades educativas hicieron honor a la memoria de José Merino de la forma en que podríamos haberlo hecho: en la calle, marchando contra la injusticia. Marchamos contra el veto del Poder Ejecutivo y las cámaras trasnacionales al proyecto de ley presentado por nuestro compañero Merino para proteger el derecho a fotocopiar con fines educativos. La marcha fue éxito rotundo que demostró el respaldo social de esta lucha y la pertinencia de la iniciativa promovida por el Frente Amplio.
· Tanto les dolió esta exitosa movilización a los privatizadores del conocimiento que intentaron explotar los abusos policiales y los altercados que se produjeron al final de la marcha con un pequeño grupo de manifestantes para enlodar el movimiento y distraer la atención de la prensa sobre los motivos de la lucha. En el Plenario, diputados del PLN aprovecharon también la oportunidad para intentar sabotear los homenajes al compañero José Merino, explotando nuestro dolor para tratar de debilitar nuestra lucha. Lo único que lograron fue rebajar aún más línea que mide su bajeza. Se retrataron de cuerpo entero y recibieron el reproche generalizado, prácticamente unánime, del pueblo costarricense. Todavía hoy, varias semanas después, siguen intentando lavarse la cara, sin éxito.
· El decreto del fotocopiado y la lucha que continúa por un reforma a la ley. Como el Gobierno y los privatizadores del conocimiento perdieron el debate de las ideas ante la opinión pública sobre la pertinencia de la lucha para proteger el derecho al fotocopiado para estudiar, decidieron cambiar de estrategia. Aunque habían vetado la ley presentada por José Merino, porque supuestamente era "innecesaria", corrieron a dictar un decreto, que, palabras más palabras menos, dice en cuanto al fotocopiado lo mismo que pretende la ley vetada: que no se penalizará a quienes presten servicios de fotocopiado con fines educativos. A pesar esta evidente contradicción del Gobierno, nuestra fracción junto al Movimiento Fotocopiando para Estudiar seguirá promoviendo la aprobación de la ley, básicamente por dos razones: 1. La penalización del fotocopiado esta por ley, solo por ley puede corregirse, un decreto no puede oponerse a la ley. Es débil. Puede ser derogado o anulado en cualquier momento. 2. La ley vetada contiene otras reformas de suma importancia para proteger el derecho a la educación y el acceso a los bienes y productos culturales que van más allá del fotocopiado.
· Proyectos nuevos del Frente Amplio. Ley para garantizar el financiamiento de la defensa pública laboral. Nuestra fracción presentó una iniciativa que busca generar los recursos necesarios para financiar la defensa pública gratuita para trabajadores de escasos recursos y fortalecer este servicio esencial en otras materias como familia y pensiones alimentarias. Es una necesidad urgente que las y los trabajadores cuenten con el patrocinio de abogados/as que defiendan sus derechos en los juicios laborales. Porque de lo contrario, no hay verdadero acceso a la justicia para la clase trabajadora. Esto es lo que ocurre hoy en día, donde la gran mayoría de las y los trabajadores tienen que ir a los juicios sin asesoría legal, en una posición de total desigualdad frente a los empleadores.
· El panorama descrito cambiaría radicalmente si llegara a aprobarse la Reforma Procesal Laboral porque en ese proyecto se estableció la obligación del Poder Judicial, de garantizar el derecho al patrocinio legal gratuito para trabajadores con ingresos inferiores a dos salarios base, a través de la Defensa Pública. No obstante, dicho órgano objetó que para dar dicho servicio requiere abrir nuevas plazas y aumentar su presupuesto, pero no se le estaba asignando recursos suficientes para ello. El proyecto presentado por el Frente Amplio corregiría este problema porque propone la creación de un timbre solidario que pagarían los bancos y sectores adinerados de la población cuando realicen procesos de cobro judicial, civiles y comerciales. Los recursos de este timbre se destinarían a la Defensa Pública para financiar la asistencia a las y los trabajadores y otras materias de alto contenido social.
· Ley para regular los seguros ambientales. Nuestra fracción presentó un proyecto de ley para incorporar en nuestra legislación la figura de los seguros ambientales, seguros especializados en cubrir los riesgos de daños ocasionados al ambiente. Esta figura, que existe en otras legislaciones más avanzadas, permitiría brindar una mayor protección de patrimonio natural, especialmente en el caso de proyectos de alto impacto ambiental, en sustitución de las garantías ambientales que hoy se depositan y que, en muchos casos han demostrado ser insuficientes para garantizar la reparación integral o la indemnización de daños ambientales.
· Aprobada ley impulsada por el Frente Amplio para que restituir recursos a CONAPE. En camino propuesta integral para democratizar acceso a educación superior pública. La comisión plena segunda aprobó en primer y segundo debate un proyecto de ley presentado por nuestra fracción para impedir que se siga descapitalizando a la Comisión Nacional de Préstamos de la Educación. El proyecto elimina la reforma introducida por la mal llamada "Ley de Banca de Desarrollo" que le quitó a los préstamos para la educación el 5% de las utilidades de los bancos, para trasladar estos recursos a un fondo que supuestamente se utilizaría en crédito para el desarrollo, pero que se ha mantenido ocioso. Es decir, le quitaron plata a la educación, para que trasladársela a un fondo ocioso que no le presta a quién realmente necesita. En su lugar, la ley aprobada devuelve estos recursos a CONAPE, evitando que se sigan restringiendo lo préstamos a estudiantes que no cuentan con recursos propios para financiar una carrera universitaria.
· En el Frente Amplio estamos concientes de que esta reforma, aunque necesaria, solo resuelve un problema de corto plazo. Se necesitan cambios mucho más profundos para atacar el grave problema de la elitización de la educación superior y la falta de oportunidades reales de acceso para jóvenes de escasos recursos. Para ello, venimos trabajando en varias iniciativas: 1) Una reforma constitucional que obligue a todas las universidades públicas a establecer sistemas universales de becas por condición socio-económica (que cubran a todo estudiante que lo necesita y no a un cupo limitado) y establezca la obligación aplicar sistemas de admisión que no excluyan ni discriminen a estudiantes de escasos recursos, incluyendo la necesaria aplicación de medidas de acción afirmativa a favor de grupos sociales socialmente discriminados. 2) Una reforma integral a la Ley del CONESUP para obligar a las universidades privadas a otorgar becas a estudiantes de escasos recursos y frenar los cobros abusivos de sus tarifas (ya presentado). 3) Una reforma integral a la Ley de Creación de CONAPE para garantizar que los recursos se distribuyen equitativamente con prioridad para jóvenes de escasos recursos, zonas rurales y urbano marginales. Además, es necesario crear alternativas para quienes no tienen posibilidad de otorgar garantías crediticias.
· Por nuestro derecho a saber de donde viene lo que nos comemos. Por nuestro derecho a escoger la comida producida en Costa Rica. Aprobada ley propuesta por el Frente Amplio. La comisión plena primera aprobó en primer y segundo debate la ley impulsada por nuestra fracción para obligar a los comercializadores de alimentos a informar a las personas consumidoras sobre el país de origen de los productos agropecuarios que se consumen en el país. Esta obligación cubre tanto los productos empacados (freno a abusos de empresas importan frijoles y lo venden como producto costarricense, sin informar de donde viene) como los productos frescos. Ahora tendrá que incluirse la información en los anaqueles de los supermercados para que la población sepa de donde viene cada producto. Esta reforma puede resultar fundamental para impulsar una estrategia de apoyo y defensa de la producción nacional frente a la avalancha de importaciones de dudosa calidad promovida por los TLC. Ahora podremos escoger la comida producida en Costa Rica como estrategia para defender la agricultura nacional.
· A pesar de la importancia de este logro no habíamos informado sobre el mismo, ante la tendencia del Poder Ejecutivo de vetar todas las leyes impulsadas por el Frente Amplio. Esto último, con la esperanza de que si la iniciativa mantiene un perfil bajo se reducirán los riesgos de un nuevo veto.
· Dictaminada reforma constitucional para proteger el agua. Después de consultar a varias instituciones y realizar audiencias con expertos constitucionales la comisión especial creada para estudiar la nueva propuesta para proteger el agua en la Constitución como un derecho humano y una bien público (18.468) dictaminó afirmativamente esta trascendental reforma en el plazo establecido. La comisión propuso algunos cambios de forma al texto que, en lo fundamental establece que "toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de dominio público, indispensable para proteger tal derecho humano."
· Ahora el proyecto vuelve al Plenario Legislativo para su votación en primer debate, donde ocupará el primer lugar durante las sesiones de los miércoles (entre 4 y 5pm). Llegamos así a la etapa crucial del largo camino recorrido durante varios años para lograr consensuar un texto sobre esta reforma. El texto dictaminado cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y diputadas de 8 fracciones legislativas y únicamente la oposición de una diputada del Movimiento Libertario (Mireya Zamora), quién defiende la existencia de aguas privadas. Esta diputada se encuentra dispuesta a seguir bloqueando la reforma, a pesar del compromiso asumido por su fracción en cuanto a permitir la votación del proyecto. Por tanto, ahora más que nunca hacemos un llamado a nuestra militancia y a la población en general para que se manifiesten en defensa del agua. Es crucial contar con movilización y presión popular en las barras de la Asamblea Legislativa, para lograr que finalmente esta reforma sea votada.
· Avanza proyecto para fortalecer al INCOFER y promover el desarrollo del Tren Eléctrico Metropolitano. La comisión de ambiente aprobó un nuevo texto para el proyecto de ley que impulsa nuestra fracción (18.252) en aras de garantizar una solución definitiva, viable, moderna, y amigable con el ambiente al problema del colapso del sistema de transporte que sufre la población la GAM. El nuevo texto acoge las recomendaciones de las diversas instituciones consultadas y cuenta con el aval del INCOFER, institución estratégica que los gobiernos neoliberales prácticamente cerraron y que con este proyecto resultaría fortalecida en su autonomía, sus potestades y su capacidad técnica y financiera para desarrollar el transporte ferroviario en el país. El nuevo texto está en consulta y esperamos poder dictaminarlo en los próximos días.
· Frente Amplio denuncia que el INS está desviando recursos y desfinanciando el Seguro de Riesgos del Trabajo para favorecer negocios en seguros comerciales. Nuestra fracción presentó sendas denuncias ante la Contraloría General de la República y a la Inspección General del Trabajo, contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), por graves violaciones cometidas contra la Constitución y el Código de Trabajo, que están golpeando y debilitando el seguro social y solidario de Riesgos del Trabajo. Estas denuncias son la primera parte de otras que presentaremos ante el Ministerio Público, los tribunales de justicia y la SUGESE y se encuentran acompañadas con numerosa documentación institucional y de casos concretos que prueban la adopción, por parte del INS, de una política de "flexibilización" indebida y contraria a la ley en el cobro de las deudas por concepto de Seguro de Riesgos del Trabajo a las empresas que, por su importancia económica, son catalogadas por este Instituto como "clientes estratégicos" en el área de seguros comerciales.
· Para favorecer a estas empresas y promover que sigan adquiriendo los seguros comerciales que vende el INS en el marco del proceso de apertura-privatización impuesto por el TLC, esta institución ha venido omitiendo sistemáticamente el cobro de deudas con el seguro social de Riesgos del Trabajo, modificándolas o condonándolas, lo que, además de poner en riesgo la sostenibilidad de este seguro social y violentar la legislación especial que regula dicho seguro, constituye una desviación de recursos que le pertenecen, hacia los seguros comerciales, en clara violación de los principios derivados del artículo 73 de la Constitución Política.
· Mientras tanto, el INS ha permitido que se acumulen deudas por cobrar del Seguro de Riesgos del Trabajo que, a julio del año 2009, ascendían a unos trece mil quinientos noventa y seis millones de colones. Buena parte de deudas se están dejando prescribir de forma negligente por el INS, para favorecer a grandes empresas, en detrimento de los derechos de la clase trabajadora.
· Ante esta grave situación, el Frente Amplio ha solicitado a la Contraloría realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y documentados, "que claramente constituyen una práctica sistemática de desviación y manejo indebido de fondos públicos en perjuicio de los seguros sociales." Además, le hemos pedido proceder a determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y "adoptar medidas urgentes para detener las actuaciones ilegales del INS que vienen lesionando al Seguro de Riesgo del Trabajo y debilitando su patrimonio." Asimismo, a la Inspección General del Trabajo le estamos exigiendo realizar su propia investigación y tramitar "medidas cautelares urgentes para detener las actuaciones ilegales del INS que vienen lesionando al Seguro de Riesgo del Trabajo y debilitando su patrimonio."
· Los tentáculos de los banqueros. Sigue la intención de meterle mano a la plata de las pensiones. Sigue intromisión en órganos de regulación. En el Plenario Legislativo el Frente Amplio denunció los nuevos intentos del vicepresidente Liberman, como representante oficial del capital financiero en el Gobierno, por imponer a la brava una reforma al mercado de valores que permita a los grupos financieros privados meter mano a los fondos de pensiones, incluyendo los recursos de la CCSS, para destinar estos recursos a sus negocios. De hecho, advertimos que ya salió Rodrigo Arias (Poder, octubre 2012) anunciando que esta línea de acción sería prioritaria en un eventual Gobierno suyo.
· Nuestra fracción señaló que tales maniobras están estrechamente vinculadas a las acciones promovidas por el Gobierno y el Banco Central para tomar control total de los órganos reguladores del mercado financiero como SUGEVAL y SUGEF, llegando incluso a destituir –u obligando a renunciar- a los jerarcas de estas entidades para sustituirlos por piezas sin independencia –exempleados de Liberman- que trabajen al servicio de los banqueros privados. Manifestamos que es indispensable para el movimiento social ponerle atención y construir el mapa completo de estas maniobras, así como desnudar la estrategia de "captura" de los órganos reguladores del mercado financiero.
· Frenado Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Doméstico por error del Ministerio de Trabajo. En nuestro último informe anunciamos el gran logro de haber aprobado en tiempo record este convenio internacional para proteger y fortalecer los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Su rápida votación en Plenario permitió que Costa Rica fuera el segundo país latinoamericano en ratificar este importante instrumento internacional. No obstante, nos vimos obligados a revertir la votación en primer debate y devolver el proyecto a comisión porque se detectó un error de procedimiento cometido por el Ministerio de Trabajo que viciaba lo actuado por la Asamblea. Aunque parezca increíble el Ministerio envió al Parlamento un texto incompleto del convenio al que le faltaban partes de varios artículos. Un error gravísimo, porque implica que la Asamblea votó un proyecto que no correspondía al texto original. ¡Así defienden los derechos de las y los trabajadores! La corrección del error está tomando varias semanas, mientras las trabajadoras domésticas siguen esperando. Al menos se logró un acuerdo para que cuando el proyecto vuelva a Plenario se discuta en el primer lugar del orden del día.
· Sala IV declara inconstitucional ley que pretendía modificar límites de refugio de vida silvestre sin estudios técnicos. Por unanimidad dicho Tribunal nos dio la razón sobre la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que pretendía modificar ilegalmente los límites de esta área protegida, excluyendo del régimen de protección toda la franja costera que va de Cocles a Manzanillo sin estudios técnicos que garanticen que no se va a dañar el patrimonio natural. Nuestra fracción fue la única que votó en contra dicho proyecto advirtiendo su inconstitucionalidad y que era una falsa solución para atender los problemas de las y los legítimos pobladores que habitan dentro del perímetro del refugio en condiciones de gran inseguridad. Como dijimos cuando se votó la ley, nuestra fracción siempre ha respaldado la necesidad de solucionar esta problemática. Pero el camino para alcanzar dicha solución NO es eliminar el refugio. Lo que se necesita es una reforma legal que reconozca derechos a las personas que allí habitan, a través de un régimen especial de concesiones, como la Ley TECOCOS u otro proyecto similar al planteado para el caso de Ostional. No salidas politiqueras e inviables como el proyecto frenado en la Sala IV, donde el remedio terminaba siendo peor que la enfermedad.
· Junto a la gente que lucha. Foros, charlas, visitas a comunidades y organizaciones. Durante estas semanas hemos tenido que atender una intensa agenda de reuniones con grupos comunales, organizaciones sociales, así como actividades académicos. Participamos en la Asamblea General del SEC exponiendo nuestra visión sobre "Como recuperar el Estado Social de Derecho". También estuvimos en el Congreso de ANDE hablando el financiamiento de la educación y la problemática de la infraestructura educativa. En la Universidad Nacional expusimos en el Foro "Políticas Públicas e Ingobernabilidad" organizado por la Escuela de Planificación. En la UCR, participamos en un debate con representantes del COMEX sobre los resultados del TLC a 5 años de su aprobación. También estuvimos en el foro organizado por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua sobre el Derecho Humano de Acceso al Agua, entre muchas otras actividades.
· Elecciones en Venezuela. Del 5 al 8 de octubre participé como observador internacional en las elecciones presidenciales de la hermana República Bolivariana, atendiendo gentil invitación del Consejo Nacional Electoral. Junto a observadores de más de 50 países visitamos varios centros de votación en el Estado de Carbabo y en Caracas. Pudimos constatar el abismo que existe entre la realidad y la campaña de desprestigio contra la democracia venezolana que ha montado un sector de la prensa nacional e internacional. El proceso de votación totalmente informatizado fue ejemplar y transparente, con garantías para evitar el fraude superiores a las que existen en Costa Rica. La participación de la población fue masiva, superando notablemente la participación en las últimas elecciones de Costa Rica. La victoria del presidente Chávez fue legítima, consecuencia de políticas económicas y sociales que distribuyen la riqueza y benefician a las grandes mayorías, aunque, sin duda, hay muchas cosas que mejorar. Sin duda, también hay muchas cosas que en Costa Rica podríamos aprender de la democracia venezolana.
· Cambios en el equipo de trabajo de la fracción. Queremos dar la bienvenida a nuestro equipo de fracción a la compañera Girgeth Chinchilla quién se encargará de la secretaría del despacho. Igualmente les informamos que después de múltiples gestiones logramos que la Asamblea trasladara a préstamo a la compañera Gloriana Martínez, quién colaborará en la parte administrativa y como asistente en la labor parlamentaria. De esta forma, esperamos garantizar atención continua al público de 9:00 am a 6:00 pm.
Saludos cordiales,
José María Villalta.
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