| 17 de Septiembre del 2012, 5:06 PM | |||||
| UASD considera "fraudulento" precio de energía generada con carbón | |||||
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Pese a que las empresas generadoras de electricidad en la República Dominicana compran el carbón para combustible a Colombia, igual que las de Puerto Rico, la diferencia en los precios finales al consumidor y a las distribuidoras de electricidad, es dos veces mayor en el país que en la vecina isla, como lo señala una comunicación enviada al Poder Ejecutivo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A través de su Instituto de Energía, la universidad estatal afirma que investigaciones en torno al tema revelaron que las empresas generadoras de Puerto Rico, que adquieren el carbón de Colombia a 90 dólares la tonelada métrica, venden su electricidad a la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica a 6 centavos de dólar el kilovatio-hora (Kwh), equivalente a 2.34 pesos dominicanos, mientras las empresas generadoras a carbón del país declaran adquirirlo del mismo origen a 180 dólares la tonelada métrica y venden la electricidad producida a las empresas de distribución a 5.46 pesos el Kwh, es decir, "más del doble que Puerto Rico", elevando el promedio con otras fuentes de generación a 7.22 pesos el Kwh. Asegura que esa situación "obliga a las empresas de distribución a vender la electricidad al usuario final a más de 9.36 pesos el Kwh en promedio, llevando a la quiebra a buena parte de la empresa productiva nacional, que no puede ser competitiva frente al producto extranjero libre de esa carga onerosa". El informe enviado al Poder Ejecutivo el pasado 31 de agosto destaca que la querella interpuesta por el FONPER contra las empresas generadoras de electricidad revela nuevos aspectos de "las graves manipulaciones delictuosas de los precios base de generación, que han convertido a la electricidad del país en una de las más caras del hemisferio, en este caso respecto del uso de carbón de Colombia de parte de las empresas generadoras que lo utilizan importado a través de una empresa vinculada, evidenciando como una red de corporaciones se han apoderado de la economía nacional para llevar a cabo operaciones concertadas indebidas, que les ha merecido en el expediente toda suerte de calificaciones penales". En ese sentido, el Consejo Directivo del IE-UASD deja claro su apoyo, y así se lo hace saber al Poder Ejecutivo, a la investigación del FONPER en torno de las operaciones de sus socios en EGE-Haina y EGE-Itabo, no solo por su reivindicación de los intereses del Estado, sino por su incidencia en el costo de la electricidad en el país. Sugiere, además, que el gobierno del presidente Danilo Medina se abstenga de pagar la "supuesta" deuda de más de 1,100 millones de dólares con los generadores dejada por la saliente gerencia de la CDEEE, hasta que -apoyada en peritajes técnicos inobjetables- "llegue a conclusiones la investigación del Ministerio Público sobre esta oportuna denuncia, porque las empresas involucradas en la misma son parte acreedora de esta". En ese sentido, expresa su rechazo a las presiones que desde distintos sectores se han manifestado para que el gobierno contraiga nuevos endeudamientos para pagar esta considerable deuda, "carente de sustentación, antes de investigarla a fondo". De la misma manera, "rechaza las demandas que el FMI, el BID y el Banco Mundial hacen para que se realicen ajustes tarifarios que implican mayor aumento en el precio de la electricidad, hasta tanto la Superintendencia de Electricidad proceda, conforme la Ley General de Electricidad 125/01, a realizar el incumplido análisis de costos que la misma exige cada cuatro años para fundamentar la tarifa eléctrica, hasta tanto la CDEEE revise los contratos de las empresas de generación e investigue exhaustivamente sus costos de producción, que encarecen el costo de adquisición de su electricidad a las Empresas de Distribución en más de 500 millones de dólares al año como promedio". El informe ejecutivo de la UASD al gobierno de Medina, firmado por el Consejo Directivo del IE-UASD, que conforman su director Ramón A. Cruz Placencia y los profesores titulares investigadores José Luis Moreno y Leopoldo Espaillat Nanita, revela que la recurrente crisis de apagones es muestra del comportamiento "delictuoso de los agentes económicos privados que asumieron e incumplieron la responsabilidad de dotar al país de la generación suficiente para cubrir la demanda nacional bajo las reglas de competencia y transparencia de la Economía de Mercado, evidenciando la necesidad de una nueva política, aplicada por un gobierno que ejerza el poder con honestidad y responsabilidad". Reclama al gobierno impedir el colapso deliberado del suministro energético de parte de las generadoras como modo de presionar el pago de las "supuestas" deudas, ya que constituye "un atentado contra la seguridad del Estado". Al mismo tiempo, recomienda a las autoridades esclarecer el proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), que califica de "fraudulento", ya que una investigación de la Contraloría General de la República demostró que los activos que aportó el Estado fueron subvalorados "y los aportes de capital que se obligaban a realizar sus socios de entonces nunca llegaron al país, con el encubrimiento del Banco Central, que argumentó que si ese influjo masivo de recursos entraba de golpe al país, se 'trastornaría la macroeconomía". Agrega que para que el país reciba y pague la energía que consume a precio real, y el gobierno pueda precisar la carga fiscal que le representa la crisis energética en adición a los subsidios que consigna en el Presupuesto, debe clarificar la situación de la deuda que acumulada con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), a través del Ministerio de Hacienda, así como "el encubrimiento de sus precios de importación de parte del saliente titular del Ministerio de Industria y Comercio". Refieren al expediente que, según dicen, debe estar en los archivos de la Contraloría General de la República y revela que "los socios del Estado en las empresas mixtas -que inicialmente incluyeron las distribuidoras, EDE-SUR; EDE-NORTE y EDE-ESTE- no solo engañaron al Estado no realizando sus aportes de capital, sino que abusaron de su mercado prisionero: las distribuidoras en manos foráneas con el aumento tarifario, y las empresas mixtas generadoras, capitalizándose y lucrándose a base de la indexación permitida en sus contratos. También tomaron prestado con la garantía de los activos aportados por el Estado, como lo hizo AES desde EDE-ESTE". Querella contra Unión Fenosa El IE-UASD recomienda al gobierno reclamar en los tribunales la actuación de la empresa Unión Fenosa, la que, "ostentando como su socia la gerencia de las empresas mixtas EDE-SUR y EDE-NORTE, en la que FONPER ostentaba un 50 % de sus acciones a nombre del Estado, gestionó y obtuvo a nombre de estas un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que construyó las plantas de generación Palamara y La Vega, quedando estas 100 por ciento de su propiedad; y exigir el 50 por ciento de sus acciones, así como de los beneficios que han obtenido vendiendo su energía en el país. Recuerda que a lo largo del proceso se incoaron demandas que no prosperaron, tal y como ocurrió con la CDEEE frente a EGE-ITABO por el abultamiento del costo de la rehabilitación de las plantas ITABO I e ITABO II, y comprobado en un experticio realizado por la empresa Stone & Webster, estimado en unos 50 millones de dólares. Asimismo, refiere en la misiva el caso de la demanda contra la planta eléctrica de San Pedro de Macorís (Cogentrix), por 35 millones de dólares, por no generar oportunamente la electricidad que le fue requerida y la cual se obligaba a suplir. Reitera que "la capitalización fue fraude al Estado y al pueblo dominicano, a quien se le ofreció resolver los problemas operacionales del sistema eléctrico y eliminar los subsidios del Estado con la Economía de Mercado. Al cabo de 13 años, los problemas se han agravado; los subsidios al 'tonel sin fondo' de las cuentas de las empresas generadoras consumen una proporción cada vez mayor de los recursos fiscales y los ingresos de las familias dominicanas. Tampoco se han aplicado nunca a los nuevos monopolios en manos privadas, las reglas de la Economía de Mercado, que exigen competencia". Para avalar los requerimientos que plantea al presidente Medina, el organismos uasdiano alude al reciente escándalo descubierto en las referencias de la tasa libor interbancaria, que ha llevado a una demanda multimillonaria en los Estados Unidos, por lo que estima que "deben investigarse todas las operaciones concertadas por la CDEEE que conlleven indexaciones en los precios de venta de las generadoras a las distribuidoras basadas en esta referencia; lo cual conlleva igualmente revisar todo préstamo o endeudamiento de la CDEEE con esta condición; y toda otra concertación de préstamo externo del país, negociado sobre esta base". IE-UASD concluye en que para dar solución a la crisis que tiene postrado al país, es preciso ordenar "el caos institucional deliberado, creando el Ministerio de Energía Minas e Hidrocarburos, acompañado de la Corporación Petrolera y Energética Dominicana, 100 por ciento del Estado, monopolio de la importación, prospección y distribución de energéticos, proyecto de legislación cuyo borrador tiene listo". Ivonne Ferreras/7dias.com.do |
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Publicado por GUASABARAeditor en GUASABARAeditor el 9/18/2012 09:58:00 a.m. --
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