| 11 de Septiembre del 2012, 9:08 PM |
| No procede arbitraje internacional en caso FONPER |
| Es "irresponsabilidad" de la fiscal rebotar caso FONPER a Procuraduría |
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Las querellas contra las generadoras de electricidad EGE-Haina y EGE-Itabo, presentadas por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), no necesitan ser internacionalmente arbitradas porque son puramente criminales: los hechos aludidos tipifican como fraude, asociación de malhechores y abuso de confianza, infracciones establecidas en el Código Penal. Así lo expresa el abogado Marino Elsevif, para quien la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, actuó de manera "irresponsable" al pasar el expediente a la Procuraduría General de la República sin iniciar las investigaciones ni mucho menos tener un dictamen. "Con este acto irresponsable, la fiscal pretende escurrir el bulto, a no ser que haya recibido instrucciones, lo que también sería una irresponsabilidad del Estado, razón suficiente para propugnar la independencia del Ministerio Público", sentencia Elsevif. En su opinión, actuaciones como la comentada dan lugar a las conspiraciones que mantienen al país en la orfandad, y reitera su desacuerdo a que el Ministerio Público "pase la pelota –el expediente acusatorio- de una mano a otra". Habiéndose hecho cargo del expediente, nada justifica, insiste, en que Reynoso lo pasara a la Procuraduría. Consumado el traspaso, agrega Elsevif, lo que ahora procede es que la Procuraduría venza la inercia y lleve a cabo la querella, tal como ha expresado Marino Vinicio Castillo, director nacional de Ética e Integridad Gubernamental para, finalmente, esclarecer en los tribunales si el Estado ha sido o no perjudicado. El abogado replantea la necesidad de establecer dónde está el dinero que, según el FONPER, no ha sido entregado al Estado como socio igualitario en el negocio de la generación de electricidad. "Ese es un dinero del pueblo y aquí todo el mundo sabe que heredamos de la tiranía el sistema eléctrico estatal, que fue vendido de forma perversa. No entendemos por qué siendo el Estado socio igualitario en este negocio, tenemos pérdidas significativas que son parte del presupuesto de la nación". Elsevif afirma categórico que las empresas generadoras solo reportan pérdidas para mantener un "sistema eléctrico corrupto y comprometido con el sector privado, que no ha dado pie con bola y que ha sido inepto en la generación eléctrica, manteniendo al país a oscuras por su ineficiencia e incapacidad". Vincho truena contra nuevo presidente FONPER Según reseña el periódico El Nuevo Diario del pasado lunes, Vincho Castillo la emprendió contra el presidente del FONPER, Fernando Rosa, en la última entrega de su programa dominical "La respuesta". Durante la emisión, también aconsejó a las empresas EGE-Haina y EGE-Itabo pelear su situación en los tribunales, defender su imagen, plantear sus argumentos y demostrar su inocencia en la justicia. A Rosa le critica quejarse ante la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, y solicitar a esta entidad la revocación del contrato de los abogados que llevan el expediente acusatorio con el argumento de que este debió ser otorgado previa licitación pública. Para Castillo, la petición de Rosa es "una indelicadeza" porque la acusación no afecta a funcionarios del Estado sino a directivos de las empresas generadoras. Lo aconsejable hubiera sido, por tanto, que Rosa se mantuviera "neutral", evitando la interpretación de que está parcializado a favor de las generadoras. Al igual que Elsevif, favorece dilucidar el caso en los tribunales y descarta el arbitraje. El arbitraje, ¿sí o no? La pasada semana, Luis Miguel Pereyra, abogado de EGE-Haina, afirmó en rueda de prensa que dada la naturaleza comercial del conflicto, este debe ser objeto, en todo caso, de arbitraje internacional. Elsevif difiere. Replica que el procedimiento sugerido como posibilidad por Pereyra se utiliza para la interpretación de los contratos, mientras que el caso en debate se trata de "robo al Estado, de abuso de confianza", y corresponde a este reaccionar frente este manejo lesivo de su patrimonio. Radicada la querella por una deuda de 10 mil millones de pesos, es función del Ministerio Público –añade— hacer las indagatorias de ley; es decir, revisar los contratos, no en lo que respecta al tipo de conflicto y lugares arbitrales definidos en ellos, sino "verificar si el Estado ha sido compensado en su participación como socio igualitario". Independientemente de que el caso sea o no comercial, el hecho de que se presuma abuso de confianza contra el Estado, da potestad al Ministerio Público a perseguir al socio privado y llevarlo a los tribunales. Domínguez Brito conoce muy bien el caso Ahora que el expediente contra las generadoras de electricidad pasa a manos de la Procuraduría General de la República, corresponde a su máximo representante, Francisco Domínguez Brito, determinar el curso de la querella. El funcionario no es totalmente ajeno a lo denunciado por el expresidente del FONPER, José Izquierdo. Siendo ministro de Trabajo, Domínguez Brito recibió la denuncia presentada por el sindicato de la Falconbridge contra EGE-Itabo por el uso ilegal de sus fondos sociales. Al respecto, la querella del FONPER contra EGE-Itabo y sus ejecutivos, indica que el "24 de enero de 2012, el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, recibió una denuncia del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falconbridge Dominicana (SUTRAFADO), dando cuenta de que entre los años 2007 y 2008, la administración de esa generadora hizo uso indebido del Registro Nacional de Contribuyente de dicho sindicato, reportando a la administración tributaria supuestos acuerdos comerciales con la entidad sindical, por un monto superior a los 1,700 millones de pesos, con la intención de abultar falsamente sus gastos, perjudicando por ese mismo mecanismo al FONPER y al Estado dominicano". El 3 de febrero de este año, Domínguez Brito envió una comunicación al entonces director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, para informarle de los pormenores de la denuncia del SUTRAFADO. En ella, el funcionario anuncia su intención de iniciar investigaciones "dada la naturaleza de la denuncia y la gravedad de la misma, en caso de que sea cierta". Copia de esa carta fue enviada a Celso Marranzini y Radhamés Jiménez Peña, para la época vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y procurador general, respectivamente. Ivonne Ferreras/7dias.com.do |
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Publicado por GUASABARAeditor en GUASABARAeditor el 9/12/2012 07:55:00 a.m. --
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