Fabricio Gómez Mazara
El pacto fiscal Durante una reunión en el Palacio Nacional, el presidente electo para el período 2012-2016 expresó que todavía no ha decidido nada respecto de una nueva reforma fiscal. Danilo Medina agregó que trabaja con las comisiones técnicas de transición preparando las medidas que tomará a partir del próximo 16 de agosto.
La semana anterior a la declaración del mandatario electo, el Poder Ejecutivo enviaba al Senado un proyecto de ley con el objetivo de modificar el presupuesto vigente. La modificación al Presupuesto General del Estado 2012 propone incrementar, en forma importante, el déficit fiscal y el gasto público.
La pieza legislativa generaría un fuerte impacto en el resultado financiero del Gobierno Central. Originalmente, el presupuesto establecía un resultado financiero deficitario de RD$22,443.9 millones. En el proyecto de modificación se aprueba incrementar el gasto en RD$51,311.7 millones, con sus respectivas fuentes de financiamiento, y la emisión de bonos domésticos por RD$20,150 millones.
Si se aprueba la modificación tal y como fue enviada al Congreso, habría que sumar a los RD$51,311.7 millones de incremento del gasto RD$20,150 millones de los bonos domésticos. El resultado financiero del presupuesto modificado seria deficitario en RD$71,461.7 millones. Esto representa un crecimiento del déficit fiscal de 218%. Así, el déficit del Gobierno Central pasaría de 0.9% a 3.0% del PIB en solo seis meses.
Las proyecciones del déficit fiscal, incluyendo las más conservadoras, establecen que este indicador estará en la vecindad de los RD$100,000 millones. Esta cifra es cercana al 5% del PIB, superando el déficit de los últimos cuatro años. Las transferencias al sector eléctrico explican parte del deterioro de las finanzas públicas.
El déficit del sector eléctrico en 2011 fue de US$1,040 millones. Las transferencias al sector superaron en US$350 millones las de 2010. Pasaron de US$690 millones en 2010 a US$1,040 millones en 2011, para un incremento de 50.7%. El déficit más alto hasta la fecha fue en 2008, cuando se registraron picos históricos en el precio del barril del petróleo, llegando a los US$1,113.2 millones.
Al sumar a los US$500 millones de los bonos domésticos y los US$300 millones que inicialmente se habían aprobado en el presupuesto 2012, las transferencias al sector llegarían a US$800 millones en el primer semestre del año. Es muy probable que en los próximos meses de año haya que transferir más recursos a las empresas eléctricas estatales.
El gasto público total pasaría de RD$430,000.8 millones a RD$501,462.5 millones. Esto representa un aumento de 16.62%. No se justifica este incremento cuando se proyecta un crecimiento nominal de la economía (crecimiento del PIB mas la inflación) cercano a la mitad del porcentaje antes señalado. El crecimiento nominal esperado es usualmente utilizado para proyectar el aumento del Presupuesto de la Nación.
La modificación presupuestaria evidencia el deterioro en la calidad del gasto público. El Ministerio de Obras Públicas y la Presidencia de la República son las instituciones que mayor cantidad de recursos recibirían, con RD$21,482.7 y RD$8326.9 millones respectivamente. A pesar del bajo presupuesto respecto de la función que la sociedad exige, el Ministerio de Educación no recibiría ni un solo peso adicional.
Con estos recursos adicionales, el Ministerio de Obras Públicas obtendría RD$59,171.5 millones superando lo presupuestado para el Ministerio de Educación (RD$58,590.4 millones). El Nueva York chiquito del presidente Fernández vuelve a imponerse sobre la imperiosa necesidad de mejorar la calidad del sistema educativo dominicano y cumplir con el 4% del PIB para este sector como establece la Ley.
Este difícil panorama fiscal trae a la memoria los acontecimientos que vivió el país durante el año 1990. El presidente Joaquín Balaguer impuso su reelección mediante la expansión del gasto público disparando los agregados macroeconómicos y generando la mayor crisis económica del país en términos de su impacto sobre el producto interno bruto (PIB).
La crisis poselectoral se acrecentó por la incapacidad regulatoria y la falta de imparcialidad evidenciada por la Junta Central Electoral. En un esfuerzo por buscar solución a la crisis, representantes de diferentes sectores de la sociedad iniciaron conversaciones, con la mediación de la Iglesia católica, que culminaron con la firma del Pacto de Solidaridad Económica (PSE).
La firma de este acuerdo estuvo precedida por encuentros entre empresarios, sindicatos organizados y el gobierno en la sede de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en la capital. Contó con la efectiva participación del rector de esta institución académica quien priorizó el consenso entre los participantes.
El PSE contenía dos tipos de reformas: 1) reformas estructurales o cambios de largo plazo; y 2) políticas de estabilización de corto plazo destinadas a reducir la inflación y relanzar el crecimiento económico. Las reformas comenzaron a ejecutarse luego del pacto alcanzando mayor éxito las políticas de estabilización de corto plazo.
Esto permitió que un gobierno que tenía serios cuestionamientos respecto de su legitimidad pudiera enfrentar una fuerte crisis económica, generada por su irresponsabilidad fiscal, de forma pacífica y sin tener que pagar un alto costo político. Luego de este acontecimiento, el gobierno pudo navegar en aguas tranquilas durante casi cuatro años.
El vocero oficial del presidente Medina ha hecho referencia a tres pactos que la nueva administración tiene en carpeta para consensuar con la ciudadanía: 1) pacto fiscal; 2) pacto por la educación; y 3) pacto por el sistema eléctrico. El primero de los pactos parece ser el más difícil de consensuar porque implicará un nuevo sacrificio para contribuyentes que han padecido seis reformas tributarias en los últimos nueve años.
La piedra angular del pacto fiscal propuesto por las autoridades electas debe ser el cambio en el modelo económico y social vigente. Las reformas acordadas en el PSE estuvieron inspiradas en la necesidad de cambiar el modelo económico que prevalecía en 1990.
El cambio de un modelo anclado en el esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) por otro más abierto al comercio internacional permitió que la economía dominicana tuviera una importante senda de expansión del PIB por más de una década. El nuevo Código Tributario redujo los aranceles e incremento los impuestos internos dando mayor estabilidad y eficiencia al sistema impositivo.
En esta oportunidad, la apuesta debe ser por un modelo económico y social que mire ambos lados de la ecuación fiscal. No se puede pedir a la ciudadanía mayores sacrificios sin que el gobierno mejore la calidad del gasto público. La mejora en la calidad en el gasto debe ser parte integral del pacto con indicadores específicos que permitan a la ciudadanía medir el esfuerzo oficial.
La mejor forma de lograrlo es mostrar mayores niveles de apertura y capacidad de diálogo social que las que tuvo su antecesor. El presidente electo es percibido como un político perseverante, respetuoso y frugal. Su carácter podría coadyuvar a un pacto económico y social que inaugure un nuevo modelo de desarrollo. http://www.7dias.com.do/
| 1 de Julio del 2012, 9:17 AM |
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Publicado por GUASABARAeditor en GUASABARAeditor el 7/02/2012 08:15:00 AM --
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