Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La República Dominicana culmina 2025 con un conjunto de resultados que, más que la suma de cifras, configuran un sistema coherente de confianza. Por primera vez en tres décadas, la inversión extranjera directa alcanza un nivel récord, las exportaciones crecen con solidez, el empleo formal se expande en sectores estratégicos, la logística nacional se integra a estándares de clase mundial con la puesta en marcha de un hub multimodal y aeronáutico, el turismo consolida su liderazgo regional, la salud pública logra cero muertes por dengue y la seguridad nacional exhibe una cooperación internacional eficaz contra el crimen organizado. Todo ello ocurre junto a reformas institucionales orientadas a la transparencia y la recuperación de activos públicos, y a una capacidad de respuesta ante emergencias que cuida la infraestructura y los medios de vida. El país no solo crece: crece con reglas, con datos y con instituciones.
En la economía real, el año cierra con exportaciones por US$13,063.6 millones entre enero y noviembre, un diez por ciento por encima de 2024, y el mejor noviembre en trece años, con US$1,121.9 millones. El régimen de zonas francas concentra el sesenta y uno por ciento del total exportado, seguido del régimen nacional con treinta y siete por ciento, y una canasta que combina recursos y manufacturas de valor agregado: oro en bruto, disyuntores eléctricos, cigarros, instrumentos médicos para medir la presión arterial y textiles. Este patrón de exportación no solo diversifica riesgos, sino que obliga a una política de competitividad sistémica que adense encadenamientos locales y servicios intensivos en conocimiento —I+D aplicada, diseño, certificaciones— para sostener presencia en mercados exigentes. La industria interna acompaña esa dinámica: entre enero y octubre, las ventas acumuladas crecen 10.9%, de RD$951,067 millones a RD$1.05 billones, y los bienes industriales exportados suman US$1,855.3 millones, un 19.8% más que en 2024, con tracción clara en hierro y acero, cementos y plásticos. El mensaje es inequívoco: cuando el aparato productivo se integra con logística eficiente, energía previsible y trámites simplificados, los sectores pueden invertir, vender y exportar.
El empleo confirma el círculo virtuoso. El régimen de zonas francas supera por primera vez los doscientos mil puestos, alcanzando 200,134 empleos, y la economía genera 119,965 nuevas plazas formales durante 2025, con casi la mitad concentrada en comercio, industria y servicios. La inversión extranjera directa llega a US$4,050.6 millones a septiembre, el mayor nivel en tres décadas, con proyección superior a US$4,800 millones al cierre del año. Estas cifras no son azarosas: se explican por un ambiente de negocios que reduce costos y tiempos, y por decisiones de política pública que han elevado el estándar operativo del Estado en recaudación, facilitación y control.
La Dirección General de Aduanas cerrará 2025 por encima de RD$266,100 millones, más de RD$11,300 millones sobre el año anterior, pese a la desaceleración del comercio mundial. Lo hace con menos costo y más servicios: digitalización de ochenta y siete trámites, expansión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior hasta doscientos noventa y ocho procedimientos, y el programa de Despacho en 24 Horas que ha generado ahorros superiores a RD$2,000 millones. La evolución aduanera es una reforma concreta que los importadores y exportadores perciben día a día; pero también es la piedra angular de un proyecto mayor: la integración logística nacional.
La inauguración del Punta Cana Free Trade Zone en noviembre, un complejo de 742,616 metros cuadrados que integra centro logístico multimodal (aéreo, marítimo y terrestre), zona franca para manufactura y servicios tecnológicos, y un MRO aeronáutico (Mantenimiento, Reparación y Operaciones/Revisión) de estándar internacional, posiciona a la República Dominicana como plataforma regional de conectividad y valor agregado. Con capacidad para movilizar hasta 430 toneladas de carga aérea y cinco posiciones de rampa para aeronaves de fuselaje ancho, el PCFTZ proyecta más de diez mil empleos directos e indirectos y atracción de empresas que no solo transitan mercancías, sino que transforman, generan valor y reexportan con cumplimiento y trazabilidad. La gobernanza de este hub será determinante: integrar datos aduaneros, portuarios y aeroportuarios en tableros nacionales de riesgo y trazabilidad, establecer corredores verdes para sectores estratégicos, y desarrollar el talento técnico aeronáutico con certificaciones internacionales son decisiones de Estado que convertirán la infraestructura en ventaja competitiva.
El turismo, motor histórico de la economía dominicana, vive su mejor momento estructural. El país recibe 11,268,973 visitantes en 2025; por vía aérea, 7,884,421 llegadas —tres por ciento más que en 2019— y, por cruceros, 2,399,830 —ciento cincuenta y tres por ciento más que el año anterior—, manteniendo alta ocupación hotelera y un ingreso turístico superior a US$3,250.4 millones. La madurez del destino se explica por conectividad, promoción y absorción eficiente de nuevas habitaciones, pero su sostenibilidad dependerá de la gestión de carga turística, de la protección de los activos ambientales y culturales, y de la participación comunitaria en los beneficios del desarrollo.
En salud pública, el país logra un hito regional: cero muertes por dengue en el año, con treinta y cuatro casos en las últimas cuatro semanas y un acumulado anual de trescientos veinte, equivalente a una incidencia de 3.10 y una reducción del setenta y seis por ciento respecto de 2024. El reconocimiento internacional no debe conducir a la complacencia. Sostener el logro exige una inteligencia vectorial que vincule vigilancia epidemiológica con drenajes urbanos, gestión de residuos y educación sanitaria, sobre todo en áreas de expansión urbana con vulnerabilidades estructurales. La salud y la educación, como causas nacionales, han demostrado ser la infraestructura invisible del desarrollo.
En seguridad, la Dirección Nacional de Control de Drogas incauta 48.3 toneladas de sustancias controladas en 2025, con 46,367 arrestos, decomisos de cuatrocientas cuatro armas, dieciocho embarcaciones, dos mil ochenta y dos vehículos, equipos de comunicación y radionavegación, y la cooperación de los U.S. Marshals para concretar ochenta y cuatro extradiciones y deportaciones de fugitivos requeridos por la justicia internacional. En el acumulado desde 2020, se superan los 226,046 kilogramos decomisados, 182,815 detenidos, 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos. El combate al narcotráfico y al crimen organizado es, por definición, una tarea persistente y de largo plazo. La arquitectura más efectiva incluye tres capas: interdicción multimodal apoyada en analítica de riesgo, inteligencia financiera contra el lavado de activos y trazabilidad de precursores químicos, y cooperación judicial y forense digital para anticipar la mutación de las redes.
La resiliencia climática añade otra capa a la gobernanza. Tras el paso de la tormenta Melissa en octubre, el Gobierno dispuso RD$12,000 millones en asistencia: RD$2,000 millones al Banco Agrícola para financiamiento y ayudas directas a productores, RD$1,500 millones a Promipyme para microcréditos, aportes no reembolsables a los ayuntamientos de provincias en alerta roja, aceleración del saneamiento de cañadas y programas de reconstrucción y asfaltado de caminos vecinales. En 2026, el país debe integrar seguros paramétricos agrícolas, fondos de contingencia subnacionales y prioridades de drenaje urbano que protejan barrios y producción, de modo que los choques climáticos no erosionen los logros económicos ni sanitarios.
En legalidad y transparencia, la creación por Decreto 76-25 de la Comisión Presidencial para el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción instala una coordinación permanente de prevención, auditoría, acceso a la información y recuperación de activos, con metas de indicadores públicos y respuesta rápida a denuncias. El combate al comercio ilícito —que incluye cinco años consecutivos con cero muertes por alcohol adulterado, la incautación de 93.1 millones de unidades ilícitas por parte del CECCOM y el posicionamiento del país entre las economías menos vulnerables según el Índice TRACIT— es la otra cara de la integridad del mercado: protege al consumidor, asegura competencia leal y cuida la reputación de la economía dominicana ante los inversionistas.
La energía cierra el círculo de la productividad. En 2025, la demanda máxima servida alcanza 3,923 MW y la generación renovable llega a 1,554 MW, con una participación del veinticinco por ciento a mediados de año, impulsada por la diversificación solar, eólica y biomasa. La puesta en servicio de la línea de transmisión de 345 kV entre Montecristi y Santiago, la subestación de Manzanillo Power Land y la operación del sistema de almacenamiento en baterías BESS Itabo fortalecen la seguridad y la confiabilidad del sistema. La previsibilidad de costos energéticos es un factor silencioso de competitividad industrial y logística; su profundización requerirá contratos de compraventa de energía de largo plazo y más almacenamiento distribuido.
La minería, por su parte, aporta estabilidad macroeconómica, empleo de calidad e ingresos fiscales. Entre julio y septiembre, las exportaciones de oro superan los US$690 millones; a octubre, el sector totaliza US$2,087.3 millones, con un incremento interanual de 42.2%, y recaudaciones que ascienden a RD$25,062 millones a cierre del tercer trimestre, con proyección superior a RD$30,000 millones al finalizar el año. Este desempeño demanda, a su vez, estándares ambientales y sociales que sigan consolidando los consensos comunitarios y la licencia social para operar.
Con estos pilares, la agenda 2026 se vuelve una continuidad responsable. La primera línea es la profundización de los encadenamientos industriales y del contenido nacional en la manufactura exportadora: metalmecánica, plásticos técnicos, empaques sostenibles y servicios de calidad deben encontrar incentivos claros y compras públicas inteligentes que multipliquen el valor. La segunda es el talento para el hub logístico y aeronáutico: currículos alineados entre INFOTEP, universidades y empresas, certificaciones internacionales y metas de empleabilidad para jóvenes y mujeres en MRO, logística y analítica de datos. La tercera es la gobernanza logística y de datos: integrar Aduanas, puertos, aeropuertos y el PCFTZ en un tablero nacional de riesgo y trazabilidad, con corredores verdes y ventanillas especializadas para sectores prioritarios. La cuarta es la energía: expansión de transmisión y almacenamiento, PPAs industriales y parques con previsibilidad de costos. La quinta es la sostenibilidad turística: gestión de carga, protección ambiental, participación comunitaria y diversificación de productos culturales y de naturaleza.
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Luis Orlando Díaz Vólquez. Ingeniero de sistemas de computadoras escritor, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. |
La sexta es la seguridad integral: trazabilidad de precursores, inteligencia financiera y forense digital, cooperación internacional sostenida y desarticulación de redes transnacionales. La séptima es la transparencia 360°: indicadores abiertos, observatorios ciudadanos, recuperación de activos y cumplimiento interinstitucional medible.
Los resultados de 2025 confirman que la prosperidad es viable cuando la productividad convive con la seguridad humana y la legalidad, y cuando las instituciones se vuelven instrumentos que miden, coordinan y rinden cuentas. Gobernar es sostener capacidades y anticipar riesgos. En 2026, la República Dominicana está llamada a profundizar estas capacidades con realismo y exigencia, sin perder el horizonte de un desarrollo que se defiende a sí mismo con datos, talento y reglas claras. Prosperidad con reglas: ese es el mejor mensaje que un país puede enviar al mundo y a su propia ciudadanía./
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Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez, ,
Santo Domingo, República Dominicana | 2 de diciembre de 2025
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Versión académica